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¿Por qué no se debatió y qué dice el informe que encubre a Manuel Merino?

Pese a las evidencias que responsabilizan a Manuel Merino por la represión policial, Alejandro Cavero recomendó el archivo de la denuncia constitucional en contra del presidente de facto.

Pese a que la subcomisión parlamentaria de Acusaciones Constitucionales tenía agendado debatir el informe de Alejandro Cavero Alva, sobre la denuncia contra el presidente de facto, Manuel Merino de Lama, el ex presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores Aráoz y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez -por las muertes de los jóvenes ciudadanos, Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas del 2020-; la sesión no se realizó por falta del quórum reglamentario.

La razón de por qué no se llegó al número mínimo de representantes fue la inasistencia -sin explicación conocida al momento-, de siete congresistas y la licencia de uno. Siendo una comisión de 16 miembros, se necesitaba contar con un mínimo de nueve parlamentarios para realizarla.

Es por ello que la presidenta del grupo de trabajo, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), decidió suspender la sesión para el próximo martes 14 de junio a las 8:00 am. No se programó para el lunes 13 de junio, a sugerencia del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) por el partido Perú vs. Australia, debiendo evaluarse también el caso de la vicepresidenta, Dina Boluarte y otras denuncias.

De los 16 congresistas que integran la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, 8 no se hicieron presentes.

Lo que dice el informe Cavero

El congresista Alejandro Cavero Alva es el secretario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Estuvo encargado de realizar el informe final de valoración de pruebas, en las manifestaciones contra el Gobierno de facto de Manuel Merino, en noviembre del 2020. La represión policial ocurrida entonces provocó las muertes de los jóvenes ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de dejar a 78 personas lesionadas.

A pesar de las evidencias que responsabilizan al acciopopulista del actuar de la Policía Nacional (PNP), el parlamentario ha recomendado el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Uso de municiones prohibidas

Aquí, algunas conclusiones de su informe.

1. De acuerdo a lo que se lee en el informe Cavero, “los ministros no sabían lo que ocurría en el país”. Pero a su vez, dice que “Merino y Florez Araoz estaban muy preocupados por informarse y que tenían vocación por los derechos humanos”.

2. Asimismo, el parlamentario señala que no hay evidencia de que las muertes de dos estudiantes hayan sido producidas por el accionar de la Policía. Esta afirmación discrepa con lo denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público ya que los peritajes concluyeron que hubo uso de municiones prohibidas como canicas de vidrio; además del “uso indiscriminado de armas potencialmente letales”, que Cavero no menciona en su informe.

“No existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por la PNP, en tanto estas fueron producidas por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los efectivos policiales”, dice en el documento.

Sin embargo, para el informe no se habría tomado en cuenta una pericia balística que acredita que las municiones utilizadas por la PNP en noviembre del 2020, coinciden con armas cuyo uso está autorizado para la Policía.

Más testigos de Merino que de los jóvenes asesinados

3. Se descartan otras 24 pruebas que dan más detalles sobre las circunstancias en las que Sotelo y Pintado fueron asesinados en las marchas nacionales de noviembre 2020. Las mismas que forzaron a Merino De Lama a renunciar a la presidencia interina.

4. El informe libra de responsabilidad a la Policía en las lesiones causadas a los ciudadanos. Pero dice que sí hubo heridos por inconducta de agentes policiales. “Estos deberán ser investigados y sancionados en el proceso que se sigue a 11 altos mandos de la PNP en la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos”.

5. De acuerdo a los familiares de Inti Sotelo, “solo se citaron a testigos que defienden la postura de Merino y el actuar de la Policía”. No se convocó a las familias de las víctimas mortales y los afectados de las movilizaciones. “Me queda claro que ha sido parcializado hacia un lado”, dijo en una entrevista Pacha Sotelo.

Su hermana, Killa Sotelo, declaró: “jamás nos han hecho partícipes, jamás nos han citado, no nos han pedido un testimonio ni una opinión. Pero como todos, de manera virtual, hemos sido testigos de lo que se dice y de lo que no se ha dicho.”

“Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez no podrían ser responsables”, dice informe

El hermano mayor de Inti, refirió además que los abogados de las familias de los deudos y los afectados no pudieron participar de las sesiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y que solo se permitió que un representante del Ministerio Público los defienda.

Así, luego de poco más de cuatro meses de investigación, Cavero Alva recomendó mandar al archivo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino. No consideró las pruebas que confirmaron que la Policía usó el 14 de noviembre y otros días, perdigones de plomo para dispersar a los manifestantes.

“En consecuencia, los denunciados Manuel Merino de Lama, Antero Flores-Araoz Esparza y Gastón César Augusto Rodríguez Limo no podrían ser responsables. Al no existir nexos causales entre la consecuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las lesiones”, sostiene el oficio que los excluye como responsables de la represión.

Defensoría del Pueblo pide a Comisión autorice una investigación judicial a Merino

Conocido el informe Cavero, la Defensoría del Pueblo pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso “autorizar la investigación judicial al expresidente Manuel Merino. Y a los miembros de su gabinete que ha denunciado el Ministerio Público por los fallecidos y heridos en las manifestaciones de noviembre de 2020”.

Hizo el pedido reafirmando que en esa ocasión la Policía “hizo uso innecesario y excesivo de fuerza, fuera de estándares permitidos”. Asimismo, a través de sus redes sociales, la Defensoría alertó sobre que, en ese contexto, “el Estado no cumplió con su deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del Derecho a la Protesta”.

Lo dicho consta en el ‘Informe Especial No. 01 Movilizaciones Sociales’, emitido en noviembre de 2020. “Fallecidos, heridos, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de adolescentes, violencia hacia mujeres y ataque a nuestros funcionarios sustentan conclusiones”, señaló entonces la Defensoría.

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