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La reforma universitaria se ve nuevamente amenazada, porque existen dos proyectos de ley aprobados en la Comisión de Educación, que ingresarán a debate del Pleno del Congreso, donde se plantean que las universidades con licencia denegada dispongan de dos años más para adecuarse a los requisitos exigidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y que cambie la forma en que se nombra al directorio de la SUNEDU. Para analizar este hecho de nuestro contexto político, Noticias SER entrevistó a Patricia Salas, ex Ministra de Educación, Docente de la Universidad Nacional de San Agustín y miembro del Consejo Nacional de Educación

¿Qué opina sobre las propuestas de ley para otorgar un plazo adicional a las universidades que no cumplieron con requisitos mínimos para su licenciamiento y sobre una nueva forma de nombramiento del directorio de la SUNEDU?

Yo creo estas propuestas legislativas son absolutamente contrarias al derecho a la educación de calidad que tiene los jóvenes universitarios. La primera, porque se está rompiendo una norma y la reglas de juego con las cuales todas las universidades hemos hecho grandes esfuerzos para lograr nuestro licenciamiento. Las universidades con licencia denegada han tenido 6 años para cumplir con las condiciones básicas y no lo han hecho, entonces, nada nos asegura que en 2 años más lo vayan a hacer. Y, más bien hay que considerar que ellas tienen el derecho a volverse a presentar al licenciamiento. Es una falta de respeto a los estudiantes y al resto de universidades que han hecho su mejor esfuerzo para lograr el licenciamiento. Sobre la variación del directorio de la SUNEDU me parece un error grave, porque no podemos poner a dirigir el órgano regulador de las universidades a las propias universidades.

Es inconveniente, porque el regulador que es la SUNEDU tiene que ser un organismo independiente para evitar que haya las tentaciones de ser blandos, amables o condescendientes cómo sucedió con la Asamblea Nacional de Rectores, que eran representantes de las universidades. El resultado fue una explosión de universidades que no cumplían con criterios de calidad y lo que hicieron fue estafar a los estudiantes.

¿Qué se puede responder a los congresistas que indican que otorgar más plazo para el licenciamiento a estas universidades es pensar en los jóvenes universitarios?

Primero, hay que decirle que las universidades que están con licencia denegada están incumpliendo con todas las condiciones necesarias de atención a sus estudiantes en este proceso. Además, los cierres no son intempestivos, sino se les da un plazo para cerrar y en ese plazo las universidades con licencia denegada deben facilitar la culminación y graduación de sus estudiantes que están en los últimos años y viabilizar los traslados de los estudiantes de los primeros años. En todo caso, lo que pueden hacer es ver como el Estado ayuda a los estudiantes que tengan alguna dificultad, porque ya se han dado becas de traslado para estudiantes que tuvieron algún problema por razones económicas.

También hubo ampliación de plazas en algunas universidades públicas para poder responder a la recepción de estudiantes que venían de universidades con licencia denegada. Hay que fijarnos en qué debe estar haciendo el Estado para resguardar los derechos de esos estudiantes de universidades con licencias denegadas.

¿Hasta qué punto es cierto lo que afirman algunos congresistas sobre una supuesta vulneración de la autonomía universitaria?

No hay evidencia de que la SUNEDU vulnere la autonomía universitaria. Yo vengo de una universidad y no he visto nunca a la SUNEDU decirme qué debemos o que no debemos hacer. Lo que ha hecho la SUNEDU es vigilar que las condiciones de mi universidad sean mínimamente adecuadas para brindar el servicio a los estudiantes: si tenemos infraestructura, si tenemos o no internet, si tenemos currículos de acuerdo a la ley, si es que hacemos investigación, si es que tenemos una plana docente. No te dicen a quién contratar, pero si te dicen que tienes que tener el 25% de docentes a tiempo completo. La SUNEDU regula condiciones de calidad que van en beneficio de la ciudadanía de los estudiantes y eso no es vulnerar la autonomía universitaria. La SUNEDU no tiene injerencia en la gestión interna de las universidades.

¿Cuáles serían las consecuencias si estos dos proyectos de ley se logran aprobar en el Congreso?

Es terrible pensar en las consecuencias. Recordemos la cantidad de “universidades garaje” que hemos tenido, universidades cascarones que tenían una fachada preciosa de cuatro pisos y por detrás tenían dos pisos precarios. Entonces, creo que es avalar la mala práctica de abusar y generar servicios precarios de mala calidad que se constituyen en una estafa para los estudiantes. Por otro lado, es una forma de desanimar a las instituciones que han hecho esfuerzos e inversiones importantes para tener buenas universidades. Entonces, con estas propuestas no solamente están atendiendo intereses particulares de algunos; sino también desarmando toda la energía, toda la organización y empeño que han puesto las instituciones que han logrado su licenciamiento. Y eso va en contra o través de los propios estudiantes.

No es la primera vez que se promueven iniciativas contra la Reforma Universitaria ¿por qué hay una constante intención de traerse abajo este proceso? Porque ha afectado intereses particulares que buscan proteger su inversión y lamentablemente, tienen representación en el Congreso. Además tienes congresistas que están pensando en sus votos. Es una pésima combinación de populismo e intereses privados que atentan otra vez contra procesos que buscan que los estudiantes universitarios tengan una buena educación.

¿Considera que desde el ejecutivo hay un respaldo a la continuidad de la Reforma Universitaria?

El anterior ministro de Educación emitió un comunicado de respaldo, pero nos gustaría que sea más contundente; que se sienta que el Ejecutivo le pone más fuerza a esta reforma; que implique ponerse del lado del derecho de los estudiantes. Y sobre todo pensando en los estudiantes con mayor vulnerabilidad, que están en las clases populares y que necesitan una educación universitaria de calidad. Y, pensando en la necesidad de conocimiento e investigación que la Ley Universitaria y el licenciamiento obligan a las universidades.

¿Qué aspectos de la reforma requieren ser mejoradas?

Creo que tenemos que fortalecer lo que hay y complementar la acreditación que ha quedado en suspenso desde la promulgación de la ley Universitaria; porque no estaba funcionando bien. Entonces, tenemos un directorio provisional gobernando el sistema de acreditación universitaria; y es indispensable pensar, discutir, debatir y elaborar una buena norma para recrear el sistema de acreditación de la educación superior. Lo otro es fortalecer el rol del Ministerio de Educación, donde debería implementarse el Viceministerio de Educación Superior para viabilizar las actividades del fomento. Y también necesitamos fortalecer la educación superior técnica de tal manera que las opciones de educación superior para nuestros ciudadanos se amplíen; y asíse pueda articular lo técnico con lo universitario.

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