El Ministerio Público formalizó y amplió las investigaciones contra el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria Angulo, y el actual prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos. Esto por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad durante su gestión en la IX Macro Región Policial.
Las pesquisas expuestas en un reportaje de Exitosa, se centran en el mejoramiento del patio de armas de la región policial en agosto de 2020. Según la carpeta fiscal, Zanabria y Alarcón contrataron al obrero Cleber Colquehuanca Quispe por S/ 4,700. Supuestamente financiados con donaciones del Comité de Apoyo y Amigos de la Policía. Sin embargo, el pago final fue de solo S/ 4,500, dejando un saldo pendiente de S/ 200 para el obrero.
El caso tomó un giro sospechoso cuando, en noviembre de ese año, Colquehuanca recibió un depósito de S/ 17,600 en su cuenta. Según su testimonio, Zanabria le habría indicado que devolviera el excedente, lo que sugiere un posible esquema de desvío de fondos.
Además, en la misma fecha, se gestionó una donación idéntica (S/ 17,600) con la minera La Soledad SAG, recibida por Alarcón. La Fiscalía no encontró documentación que acredite el ingreso de estos fondos al Estado, lo que refuerza las sospechas de apropiación indebida.
Policías usados por Víctor Zanabria como albañiles
La investigación también reveló que 15 suboficiales fueron obligados a trabajar como albañiles en lugar de cumplir sus funciones de seguridad. Según el abogado José Palacios, exoficial policial, se les hacía figurar en servicio activo para encubrir el hecho.
En una inspección del 27 de octubre de 2021, se halló un sobre con el cheque de S/ 17,600 a nombre de Colquehuanca, devuelto a las arcas del Estado. Pese a esto, la institución policial no inició acciones internas, lo que para la fiscalía indica un posible encubrimiento institucional.
El abogado penalista Héctor Herrera explicó que, de comprobarse los delitos, Zanabria y Alarcón enfrentarían penas entre 8 y 16 años por colusión agravada. Sumadas a condenas por peculado y abuso de autoridad, que podrían superar los 18 años de cárcel.
Sin embargo, el proceso avanza con lentitud debido a la sobrecarga procesal. Ambos investigados no acudieron a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción en su última citación.
Silencio de los implicados
Mientras Alarcón evitó pronunciarse, asegurando someterse a la justicia, Zanabria ha negado las acusaciones. El abogado Palacios denunció que información fiscal se filtraría al jefe policial, lo que generaría impunidad por la demora en las investigaciones.