Desde Arequipa, los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin-Perú) lanzaron críticas contra el gobierno central. Los mineros responsabilizan tanto el poder Ejecutivo como Legislativo del fracaso del proceso de formalización minera.  

Estas declaraciones se dan ante el trágico atentado a la minera Poderosa, en la provincia de Pataz, La Libertad, que dejó nueve trabajadores fallecidos. Los mineros de Confemin expresaron su solidaridad a los familiares afectados por la masacre.  

No obstante, también rechazaron las declaraciones de algunas autoridades que, según ellos, los tildaron de ilegales y condenaron su trabajo, acusándolos de no tener intenciones de formalizarse. Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin, afirmó enfáticamente: “Nosotros no avalamos, ni promovemos, ni respaldamos la minería ilegal”. 

Minería artesanal sin solución

Los mineros aseguran que llevan varios años en proceso de formalización y han mantenido reuniones con autoridades de diversos gobiernos para trabajar en conjunto en proyectos de ley. Recientemente, a solicitud de Confemin, se creó una comisión multisectorial para continuar los trabajos de formalización con las autoridades del actual gobierno. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Máximo Franco sostiene que los gobiernos anteriores “no han hecho nada y han retrasado” el proceso de formalización. Alega que las autoridades carecen de interés en resolver los problemas y apoyar el proceso de formalización. Ellos exigen una Ley de Formalización que se ajuste a la realidad, ya que las normas actuales “no sirven”. 

“El único culpable del atraso de la formalización es el gobierno. No tienen una política clara ni visión”   

Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin

Bequer señaló que uno de los principales obstáculos es la cuestión de las concesiones, que están en manos de “titulares” que nunca han invertido en ellas. Explica que la ley exige llegar a un acuerdo con estos titulares para formalizarse, convirtiéndose en una forma de extorsión contra los pequeños mineros, puesto que, les exigen montos imposibles de pagar. 

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