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Arequipa: dictan detención domiciliaria a procuradora del GRA acusada de soborno

Arequipa: dictan detención domiciliaria a procuradora del GRA acusada de soborno

No pisará prisión. La procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, Rosa Vallejos Beltrán, cumplirá arresto domiciliario mientras la procesen por presunto cohecho y patrocinio ilegal. El  juez José Málaga, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción, decretó la medida a solicitud de la fiscal anticorrupción Marita Cueva.

Inicialmente la fiscal había solicitado nueve meses de prisión preventiva; sin embargo, en mitad de la audiencia que se llevó a cabo este martes, cambió de posición. El motivo no fue otro que la condición de salud de la funcionaria, quien atraviesa por una enfermedad que podría agravarse con el encierro y la pandemia.

El magistrado pidió a la defensa de la procuradora que informe en un plazo de 3 días, el domicilio donde cumplirá la restricción.

Hechos imputados a procuradora del GORE Arequipa

Entre las razones que llevaron al juez Málaga Pérez a imponer esta medida restrictiva se consideró las conversaciones encontradas en el teléfono de la investigada. Los diferentes diálogos hallados denotan que la procuradora habría actuado con inusual interés. Ella habría acordado con Fernanda Molina Lazo, representante de Giant SAC, la posibilidad de acelerar el cobro del cheque de 556 mil 772.56 soles a la Región. Previamente, le había entregado un adelanto de 2 mil soles.

Según las conversaciones encontradas, la procuradora habría aceptado el ofrecimiento para que culmine el proceso contencioso administrativo y se ordene el pago. Asimismo, gestionó entrevistas con diferentes funcionarios y asesores del gobernador para que se cumpla el pago.

Mientras tanto, el procurador adjunto de la Región Arequipa tendrá que cumplir reglas de conducta. En su caso, el juez Málaga desestimó la prisión preventiva de 9 meses porque no se acreditaron los elementos suficientes para la detención. En la audiencia, el Ministerio Público no comprobó que el funcionario haya estado a cargo del proceso judicial que originó la interposición de la denuncia por supuesto cobro de dádivas. Tendrá que permanecer bajo comparecencia durante 8 meses.

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