Una red criminal con apoyo interno defraudó al BBVA Perú usando empresas fachada; la Fiscalía solo logró capturar a un implicado por fuga masiva.
El BBVA Perú fue víctima de un fraude de más de S/180 millones mediante un esquema que involucró a empresarios, exfuncionarios y trabajadores del propio banco, quienes usaron documentos falsos y empresas fachada para obtener créditos que no serían devueltos. Un operativo fiscal y policial intentó detener a diez implicados, pero una filtración frustró las capturas y expuso la gravedad de las conexiones internas que sostuvieron la estafa.
Una estafa desde adentro del sistema
Según la Fiscalía, los responsables simularon operaciones legales para acceder a productos financieros como leasing, factoring y préstamos millonarios. Lo hicieron con documentos falsificados, balances inflados y contratos inexistentes. Las empresas implicadas, sin solvencia ni actividad real, canalizaban el dinero hacia supuestos proveedores vinculados a los mismos solicitantes. No se entregaban bienes ni se cumplían obligaciones financieras.
Los funcionarios del BBVA, especialmente del área de banca empresas, avalaban las operaciones desde dentro. Aprobaron desembolsos sin verificar información, omitieron procesos de control y autorizaron montos elevados desde una misma agencia y en tiempos breves. El sistema de verificación fue burlado con domicilios falsos y fachadas improvisadas.
Un operativo frustrado por una filtración
El lunes 23 de junio, la Policía Nacional y la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Sur realizaron allanamientos simultáneos en 15 propiedades de Lima y Chimbote. El objetivo era detener a diez miembros clave de la red. Solo uno fue capturado. Nueve habían huido. En el celular del detenido, las autoridades encontraron mensajes que advertían sobre el operativo, confirmando una fuga anticipada.
Entre los prófugos está el empresario Juan Ricardo Torres Cubas, vinculado al caso Sada Goray. La fiscal Miluska Romero Pacheco, a cargo del caso, denunció que recibió mensajes de uno de los investigados intentando intimidarla para que «regule» su decisión de proceder. La filtración, además de frustrar el operativo, evidenció el poder de influencia de los implicados fuera del banco.
Coordinación criminal y vínculos personales
El expediente fiscal detalla que las compañías involucradas eran creadas o reactivadas justo antes de solicitar los créditos. Entre los nombres que figuran están Frío Superfish SAC, Servicios Generales San José SAC, Fomenta Pesquera SAC, Morro Sama Inversiones EIRL, Corporación Triple AAA SAC, entre otras. Varias de estas tenían vínculos familiares o sentimentales con los funcionarios que autorizaron los préstamos, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal coordinada.
Los exfuncionarios del BBVA Marco Antonio Gaitán Chunga, Diego Araujo Ugarte y Christian Bobadilla Ortega son investigados por facilitar internamente las operaciones. También fueron detenidos empresarios y representantes de las empresas fachada. Las autoridades detectaron el uso reiterado de productos como el leasing mobiliario para justificar préstamos bajo pretextos como la compra de maquinaria que nunca se adquirió.
Un sistema bancario vulnerado
La investigación se encuentra en etapa previa a la preparatoria. La Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de todos los implicados. En los allanamientos se incautaron documentos contables, vehículos y dispositivos electrónicos. Otras cinco personas están bajo investigación y el número de empresas señaladas ya supera las 18.
Una figura clave es Martín de Jesús Montoya Marcilla, vinculado también al caso Sada Goray, quien habría canalizado fondos a través de sus empresas Almacenes Mayoristas SAC y MJC Group SAC. Su fallecimiento, el 17 de junio, ocurrió días antes del operativo, en circunstancias que aún no se han aclarado.
Justicia parcial, daño estructural
El juez Danny Arturo Sánchez Uchuypoma dictó detención preliminar por siete días para los diez implicados, además de autorizar el allanamiento de inmuebles, incautaciones y el levantamiento del secreto de comunicaciones. La Fiscalía y la Policía ejecutaron las diligencias, pero la fuga de la mayoría de los investigados muestra que la red operaba con información privilegiada.
El BBVA no ha emitido comentarios públicos detallados sobre el caso, mientras la investigación avanza hacia dimensiones que podrían comprometer aún más al sistema financiero formal. El caso muestra que la corrupción no solo atraviesa al Estado, sino que también penetra los circuitos privados, cuando los intereses económicos se imponen sobre cualquier control institucional.