JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Esta semana, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite la negociación colectiva en el sector público sin límites, aprobada por insistencia en el Congreso.
La demanda enviada al Tribunal Constitucional (TC),a través de la Procuraduría Pública, sostiene que la ley es contraria a la Constitución porque vulnera las competencias del Gobierno en materia de administración de la Hacienda Pública y el principio de equilibrio presupuestal.
“La Ley N° 31188 fue emitida al margen de la coordinación que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir reglas sobre la negociación colectiva en el sector público, las cuales deben respetar los principios en materia presupuestaria reconocidos en la Constitución y desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, indicó el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero.
Según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),la medida impulsada por el Poder Legislativo generará un costo adicional a los recursos públicos de hasta S/ 6,228 millones al año. Una cifra que, según indican, podría ser mayor si se tienen en cuenta los convenios no registrados.
Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a diversos analistas, el TC ya superó la incertidumbre sobre la constitucionalidad del derecho a la negociación colectiva, una de las principales manifestaciones de la libertad sindical y por la cual las organizaciones de trabajadores vienen luchando desde hace décadas.
DE ESPALDAS A LOS TRABAJADORES
Para el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),Gerónimo López, la decisión del Ejecutivo demuestra que el Gobierno de Francisco Sagasti “sigue actuando de espaldas a los trabajadores”. “Nosotros hemos venido exigiendo este derecho a la negociación colectiva, porque eso es, un derecho del cual nos hemos visto impedidos de discutir incrementos salariales por más de 30 años. Y además todos los gobiernos impiden el incremento de sueldos a los trabajadores de la administración pública mediante la ley de presupuesto”, indicó.
López recordó que el TC ya determinó que la negociación colectiva tiene carácter de derecho fundamental, por lo que consideró que los actuales magistrados constitucionales deben respetar no solo dicha sentencia, sino principalmente los derechos de los trabajadores.
“El TC tiene que entender que la negociación colectiva es un derecho consagrado por los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y por la propia constitución, por lo que pedimos que hagan justicia y rechacen la demanda presentada por el procurador del MEF”.
López advirtió que el discurso del Ejecutivo es repetir que las planillas se incrementarían, “pero no dicen cuánto se incrementan por los sueldos dorados de ministros y altos funcionarios que ganan 30 mil o 40 mil soles, mientras los trabajadores que entregan todo su esfuerzo terminan ganando hasta 600 soles en modalidad CAS”. “Y un trabajador con más de 30 años de servicio no pasa de 1,600 soles, y cuando se jubila no consigue nada”, protestó.
EL MEF LLEVA LAS RIENDAS
Por otro lado, cuestionó que “todo lo que el Congreso ha promulgado a favor de los trabajadores, termina siendo cuestionado por el presidente Sagasti mediante demandas de inconstitucionalidad”. “Eso es lo que hizo con la ley CAS y es lo que repite ahora con la ley de negociación colectiva”, dijo.
En esa línea, señaló que Sagasti se dejaría influenciar por el ministro de Economía, Waldo Mendoza, “que es un personaje que no tiene ninguna piedad por los trabajadores”.
“Al final el que termina gobernando es el ministro de Economía, él es quien decide. En el Perú los presidentes son elegidos por el pueblo para resolver los problemas de los trabajadores, pero siempre se allanan a los que les diga el MEF”, apuntó.
ALGO MÁS
El dirigente gremial dijo no entender cómo el presidente Sagasti afirmó en una reunión con los trabajadores que en su calidad de mandatario de transición y emergencia solo se dedicaría a ordenar el Ejecutivo, a llevar adelante el proceso electoral y a luchar contra la pandemia, mientras a los pocos días de entrar en funciones decidió la emisión de bonos a pagar en cien años.