El abogado penalista Walter Chinchay Carbajal ha expresado su opinión sobre la fiscalía que debe aperturar una investigación indagatoria en la denuncia que presentó el actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, contra la periodista Mónica Delta.

Chinchay Carbajal, explica que el Ministerio Público debió aperturar una indagatoria a efectos de contar con mayores elementos de convicción, pruebas o precisiones, antes de aperturar una investigación preliminar por 60 días, aunque al término de ese plazo puede archivar o formalizar y prolongar una investigación preparatoria por otro plazo, y al final sobreseer o archivar.

«En este caso, se debe archivar de plano, por las razones antes expuestas, es importante hacer recordar que con la modificatoria del Código Procesal Penal, ahora quien se encarga de las investigaciones es la Policía Nacional, cuyo ex ministro del interior fue José Santiváñez! No obstante, el titular de la acción penal y persecutor del delito es el Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad», explicó el letrado.

Walter Chinchay, dijo, «la denuncia de reglaje y marcaje de José Luis Santíváñez contra Mónica Delta y periodistas de Latina, no tiene sustento sólido, el reglaje en términos penales, se refiere al seguimiento con fines delictivos o de inteligencia ilegal, como hacen mafias o servicios clandestinos».

«En este caso, las imágenes fueron tomadas en espacios públicos, como la vía pública y exteriores del Palacio de Gobierno, donde no hay expectativa razonable de privacidad, y los periodistas no usaron métodos ocultos ni ilegales para conseguir la información. No hay evidencia (al menos pública) que sustente que actuaron junto a una “banda criminal” ni que lo hicieron para extorsionar. En ese sentido, desde el marco del derecho penal y la libertad de prensa, la denuncia parece más una estrategia intimidatoria que una acción con base legal sólida», precisó.

«Ahora si el reportaje se hizo conforme a ley, no hay delito. Sumado a que Santiváñez es un personaje público, fue ministro del Interior, máxima autoridad de la policía, y actualmente trabaja dentro de Palacio de Gobierno, con funciones políticas y de coordinación con otros poderes del Estado, su actividad pública tiene repercusión política directa, por lo tanto esa condición como personaje público, conlleva mayor tolerancia a la crítica y al escrutinio, tal como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas legislaciones democráticas», explica.

Asimismo, continúa, «el trabajo periodístico en este caso parece cumplir con todos los criterios de: Interés público: Saber con quién se reúne un altos y funcionario en Palacio es un asunto que interesa a toda la ciudadanía. Transparencia democrática: La información ayuda a fiscalizar el uso del poder, lo cual es esencial en un sistema democrático. Metodología abierta y legal: No hubo invasión a la privacidad ni espionaje, sino grabación desde espacios públicos. Esta denuncia, sienta un precedente peligroso si se permite que funcionarios públicos usen el sistema penal como represalia contra periodistas».

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