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La parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, ha solicitado al Gobierno brindar información sobre las acciones que se dieron durante el tiempo en que la presidenta Dina Boluarte se habría realizado una intervención estética en el 2023.

"El ejercicio de la presidencia debe ejercerse con responsabilidad y respeto de la Constitución. Es imprescindible que este tema sea esclarecido y evitar los abusos del ejercicio del poder", escribió la legisladora en su cuenta de 'X'.

Luque señala en su oficio que ha solicitado la agenda de Dina Boluarte correspondiente a los días 29 de junio al 9 de julio del 2023. La documentación del descanso médico por motivos personales prescrito a la presidenta de la República durante esas fechas.

Otro documento que ha requerido es el descuento de los haberes de Dina Boluarte correspondientes a ese lapso de tiempo, así como también las actas de las sesiones del Consejo de Ministros realizadas. 

El semanario 'Hildebrant en sus Trece' informó que la mandataria se sometió a una cirugía estética. Durante su tiempo de reposo post operatorio no participó en las sesiones del Consejo de Ministros, tampoco visitó ninguna ciudad ni inauguró obras.

Poder Judicial no reprogramó audiencia a Dina Boluarte

Por otro lado, el Poder Judicial declaró “improcedente” el pedido que hizo la presidenta Dina Boluarte para que se reprograme la fecha de la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso de apelación con el que busca anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso de la República, como presunta autora de comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Mediante un escrito, la defensa legal de la mandataria demandaba la reprogramación de la fecha de esta audiencia virtual, invocando “la imperiosa necesidad de resolver este problema de índole constitucional en su dimensión tanto jurídica como política”.

Dina Boluarte solicitaba que se declaren nulos y sin efectos legales estos actos realizados por la Fiscalía al considerar que los mismos han vulnerado sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso y la desnaturalización de la prerrogativa constitucional de la inmunidad presidencial.

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