El Poder Judicial resolvió declarar infundada la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de la ciudadana venezolana que pretendía ingresar al país sin la documentación requerida y estableció que, si bien la libertad de tránsito es un derecho reconocido por la Constitución, este no es absoluto y se encuentra condicionado al cumplimiento estricto de las leyes migratorias.
El 8° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao resolvió así la demanda interpuesta por el señor Luis Gonzales Delgado a favor de la ciudadana extranjera Duiliana Sánchez Pereira y en contra de la Jefatura Zonal Callao de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
A la extranjera se le negó el ingreso al Perú el pasado 31 de enero, por tener un permiso de permanencia vencido y no contar con visa. Pese a la negativa, permaneció por voluntad propia en área de tránsito internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la espera del pronunciamiento del Poder Judicial, respecto del hábeas corpus, así como de la decisión de la Comisión Especial para Refugiados, en relación a su pedido de refugio.
Ante el pronunciamiento oficial del Poder Judicial y de la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, negando en todos sus extremos lo solicitado, Sánchez Pereira procedió a reembarcarse de manera gratuita, con destino a su país de origen.
El caso
Diuliana Sánchez Perea llegó al Perú en 2019, junto con sus padres, procedentes de Maracaibo. Durante su estancia en el país, trabajó para diferentes marcas con su documento de permanencia en regla.
En setiembre de 2023, solicitó a Migraciones un permiso para salir del Perú por un mes. Sin embargo, durante un viaje a Italia, sus documentos fueron robados, incluyendo su pasaporte y permiso de trabajo, por lo cual solicitó a la embajada peruana en dicho país un salvoconducto, el cual no le fue otorgado.
Su abogado, Gabriel González, explicó en Cuarto Poder que en la sede peruana se le comunicó que debía acudir a la embajada de Venezuela para retornar a su país de origen y así obtener un nuevo pasaporte. Por esta razón, a su arribo a nuestro país, se ha visto impedida de abandonar el aeropuerto.
Durante su permanencia, reveló que ha sufrido acoso sexual hasta en dos ocasiones y que no se le permiten visitas, pese a que sus padres acuden casi a diario al aeropuerto para intentar proveerle ropa y alimentación.
Durante el 2023, Migraciones ha denegado el ingreso al Perú, a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a más de 660 extranjeros de diversas nacionalidades que no contaban con la visa requerida, en cumplimiento de las políticas de reciprocidad y seguridad migratoria.
Estas personas deben retornar a su lugar de origen de manera gratuita a través de la aerolínea que las trajo y pueden volver al Perú una vez que cumplan con los requisitos de ingreso. Migraciones también sanciona con multa a las aerolíneas que traen a los pasajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso, como la exigencia de visa en el caso que corresponda.
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