La Comisión de Ética aprobó, con 14 votos a favor y ninguno en contra o abstención, el informe de calificación que recomienda iniciar una investigación contra el legislador Darwin Espinoza. Esto por un caso de supuesto uso de recursos públicos para promover la inscripción de su partido político, Movimiento Regional Adelante Áncash.
La investigación al exvocero de Acción Popular se produce después de que el dominical Punto Final revelara que en enero de este año solicitara cerca de 10 000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Parlamento, a fin de imprimir fichas de afiliación para inscribir su agrupación.
Según el dominical, el legislador usó también su oficina parlamentaria como centro de operaciones para iniciar las labores proselitistas a favor de su partido. A ello se suma que los trabajadores de su despacho tienen como labor buscar las firmas necesarias para lograr la inscripción.
La Fiscalía de la Nación también le abrió investigación preliminar a Darwin Espinoza por el presunto delito de peculado de uso por este caso.
Más investigaciones contra Darwin Espinoza
El Ministerio Público también investiga al congresista acciopopulista por ser presunto autor del delito de cohecho activo genérico, relacionado al contrato de Stephania Cuya Bezzolo en el despacho de la parlamentaria Kira Alcarraz (Podemos Perú).
El legislador es cuestionado por, supuestamente, haber intercambiado el cupo de su bancada en la Comisión de Ética a favor de la congresista Alcarraz Agüero, a cambio de que ésta contrate a Cuya Bezzolo, con quien se le vincula sentimentalmente.
Espinoza se disculpó públicamente con su familia tras la difusión de una fotografía en la que se le ve en un momento de ocio con Stephania Cuya.
"Yo lo que quiero, a través de las cámaras, es pedirle disculpas a mi familia, que se ha visto expuesta innecesariamente", señaló, para luego agregar: "Lo que haya podido hacer en un día o dos días, no amerita gran controversia dentro del escenario político”.
Además de Darwin Espinoza, Kira Alcarraz también es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Para ambas indagaciones preliminares, el Ministerio Público ha dispuesto un plazo de 60 días, y se solicitó al Parlamento que remita la documentación relacionada a las contrataciones de Stephania Cuya Bezzolo y Myrna Mosso Carmona.