De acuerdo con la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP Perú),el gobierno del país ha anunciado una disminución del 46% en el Programa Presupuestal Tuberculosis y VIH.
Para María Luz Quispe, activista de ALEP, “esto afectará a la prevención y atención del VIH de manera significativa. Por eso, en el marco de la Ley de Descentralización, se debe promover un mayor compromiso financiero y político por parte de las autoridades regionales, provinciales y distritales”.
Por tal motivo, las personas con VIH y poblaciones clave piden un mayor compromiso financiero y político por parte del las autoridades peruanas para dar respuesta a la epidemia que esta infección y el sida generan en el país.
“Desde el 2011, el Tribunal Constitucional señaló que las personas con VIH y sida requieren una protección especial, debido a su estado de vulnerabilidad, con el fin de que puedan ejercer sus derechos a plenitud; es decir, con el respeto de su dignidad, así como la atención y protección adecuadas. Actualmente, se están optimizando los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, aún no se incluyen otros determinantes sociales para asegurar su calidad de vida, como empleo, seguridad alimentaria, vivienda, saneamiento básico y agua”, comenta la activista de ALEP
En el marco de la situación, ALEP organizó el foro público “Dónde están los recursos y la respuesta multisectorial al VIH” el pasado 13 de diciembre
“Si queremos alcanzar la gran meta de poner fin al sida para el 2030, necesitamos que las poblaciones vulnerables sean socialmente reconocidas dentro de los planes de desarrollo concertado y en las políticas públicas locales. De esta forma, las personas con VIH podrán asegurar una vida digna, trato igualitario con beneficios sociales y acceso a todos lo que el estado brinda a las ciudadanas y ciudadanos a través de sus diferentes programas en el marco de los derechos humanos”, finalizó María Luz Quispe.