Iniciativa Mundial de Transparencia suspende a Perú por incumplir compromiso

Perú ha sido suspendido temporalmente como miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) por incumplir con la presentación del Informe Nacional de Transparencia, uno de los compromisos centrales en el marco de la Iniciativa, ya que mediante él se transparentan cifras clave del sector que permiten cotejar, por ejemplo, los pagos por canon y regalía que las empresas realizan, e información sobre pagos y gastos sociales y ambientales, informó la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La decisión, tomada desde el Consejo Internacional de la Iniciativa mediante Decisión N° 2022-22, se da luego de que el Perú excediera el límite del 31 de marzo para presentar el informe correspondiente a los años 2019-2020.

Dicha decisión aún puede ser revertida, si el Gobierno peruano cumple con la publicación del informe antes del 30 de septiembre próximo; caso contrario, de permanecer el incumplimiento por más de un año, la junta del Consejo EITI puede considerar la expulsión definitiva de Perú de la iniciativa.

Sobre esta decisión, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional EITI, comenta: “Desde DAR hemos venido advirtiendo del incumplimiento de este compromiso asumido por el Estado peruano, incluso ante el Secretariado Internacional del EITI en su reciente visita de marzo al país. Con esta suspensión, el Perú -junto a Tajikistan- se convierten en los dos únicos países de 52 miembros de la Iniciativa en encontrarse suspendidos por incumplimiento de plazos”.

Debemos recordar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es la entidad encargada de financiar la elaboración del referido Informe, siendo necesario precisar que a la fecha también se encuentran pendientes de elaboración los informes de transparencia en las regiones con Comisiones EITI (Loreto, Piura, Arequipa, Moquegua y Apurímac).

Transparencia ambiental en tiempos de derrames

Durante la última década, más de 470 derrames han afectado solamente a la Amazonía del Perú, cifra alarmante por los impactos a la vida, salud y al ambiente que traen consigo. Solo el caso del derrame de petróleo en La Pampilla, que contaminó 46 playas de acuerdo al Informe de la Defensoría del Pueblo, ya es considerado por medios internacionales como el peor derrame en el Perú, y respecto del cual las deficiencias en materia de transparencia y acceso a la información socioambiental han sido notorias y constantes, evidenciándose en el inicio de procedimientos administrativos vinculados a la entrega de información falsa o insuficiente sobre temas tan delicados como el Informe Preliminar del desastre ambiental.

En este contexto, iniciativas como el EITI resultan fundamentales como espacios de interacción entre el Gobierno, empresas y sociedad civil que contribuyen al desarrollo sostenible del país y calidad de vida de las poblaciones locales, a través de la transparencia y acceso a la información. Por este motivo, la suspensión temporal de Perú de la iniciativa representa un duro golpe para la gobernanza ambiental en el país.

Por este motivo, es urgente que el Ministerio de Energías y Minas ponga en la agenda prioritaria la elaboración del VIII Informe Nacional de Transparencia EITI, teniendo en cuenta además que la OCDE recomienda la implementación del EITI como buena práctica (recomendación Nº 66). Asimismo, la sociedad civil debe estar vigilante al cumplimiento de los compromisos de Perú, en aras de garantizar la buena gobernanza en la industrias extractivas en el Perú.

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