El futuro judicial de la lideresa de Fuerza Popular se encuentra en manos del TC, que evaluará un hábeas corpus que podría anular más de una década de investigaciones por presunto lavado de activos.
Un recurso que podría redefinir el curso judicial del país
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha dejado al voto el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, en un momento crítico para el sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Este recurso busca anular las acusaciones penales en su contra por el llamado caso ‘Cócteles’, un expediente que ha marcado el pulso político del país durante los últimos diez años.
De ser admitido por el TC, el hábeas corpus no solo pondría fin al proceso judicial, sino que también anularía el requerimiento de 30 años y 10 meses de prisión solicitado por el fiscal José Domingo Pérez. El Ministerio Público acusa a Fujimori de liderar una presunta organización criminal que habría recibido y lavado fondos ilícitos durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
¿Qué implica el caso ‘Cócteles’?
El caso investiga el origen de los fondos que Fuerza Popular, partido encabezado por Keiko Fujimori, habría utilizado para financiar sus campañas. Según la fiscalía, parte de estos aportes —disfrazados bajo actividades sociales como cócteles, rifas y cenas— provinieron de fuentes ilegales, como la constructora Odebrecht y el grupo financiero Credicorp.
Los cargos contra Fujimori incluyen:
- Lavado de activos
- Organización criminal
- Obstrucción a la justicia
Este expediente ha dado lugar a múltiples detenciones preventivas, impedimentos de salida del país y allanamientos durante más de ocho años. Para muchos, representa el mayor símbolo de la lucha contra el financiamiento irregular de la política peruana.
¿Qué sostiene el hábeas corpus?
La defensa legal de Fujimori, encabezada por el abogado Giuliana Loza, plantea que los hechos investigados no constituían delito en el momento en que se cometieron, pues —según argumentan— el tipo penal de lavado de activos recién fue desarrollado de forma más precisa con el Decreto Legislativo 1249, promulgado en noviembre de 2016.
Así, sostienen que aplicarle esa figura penal a hechos ocurridos en 2011 y abril de 2016 violaría el principio de irretroactividad de la ley penal. Además, denuncian afectación a derechos fundamentales como la libertad personal y el debido proceso.
El hábeas corpus ya fue rechazado en primera y segunda instancia por el Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional es la última instancia, y su decisión tendrá carácter vinculante e irreversible.
Las claves del fallo que se viene
- Impacto político inmediato: Si el TC acoge el recurso, Keiko Fujimori quedaría libre de cargos y su caso quedaría archivado. En términos políticos, esto la dejaría nuevamente habilitada para postular a cargos públicos y fortalecer su liderazgo dentro de Fuerza Popular.
- Precedente jurídico: El fallo podría convertirse en precedente para otras figuras políticas investigadas por financiamiento electoral irregular, debilitando significativamente las herramientas legales del Ministerio Público.
- Límite institucional al Poder Judicial: Se abriría un debate jurídico sobre si el TC puede, mediante un hábeas corpus, anular acusaciones fiscales en curso en procesos complejos de corrupción, una práctica poco habitual y altamente controversial.
¿Y si el TC rechaza el hábeas corpus?
Si el Tribunal Constitucional declara infundado el recurso, el proceso contra Keiko Fujimori continuará en el Poder Judicial. El fiscal José Domingo Pérez ya ha solicitado apertura de juicio oral, y la acusación formal ya fue admitida. Se prevé que el juicio tenga lugar entre 2025 y 2026, convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de la historia reciente del país.
En ese escenario, Fujimori tendría que enfrentar:
- Posible condena a prisión
- Inhabilitación política
- Daños reputacionales y debilitamiento de su partido
Un contexto de polarización institucional
La coyuntura no puede desligarse de la alta tensión institucional que vive el país: la reciente decisión del Congreso de archivar denuncias contra la presidenta Dina Boluarte, el cuestionamiento a la independencia de fiscales anticorrupción, y las pugnas entre el Ministerio Público, el Congreso y el Tribunal Constitucional han puesto en tela de juicio la estabilidad democrática del Perú.
Diversas organizaciones de derechos humanos y observatorios internacionales han advertido sobre un debilitamiento progresivo de la lucha contra la corrupción, por lo que el fallo del TC en este caso será observado con lupa dentro y fuera del país.
El caso ‘Cócteles’ no es solo una historia judicial, sino un reflejo de las profundas tensiones entre justicia, poder político y legalidad en el Perú. La decisión del TC no solo marcará el futuro de Keiko Fujimori, sino que definirá hasta dónde pueden llegar los límites del control constitucional sobre el sistema penal.
¿Blindaje o reivindicación? ¿Persecución política o debido proceso? Las respuestas, como tantas veces en el Perú, dependerán de la mirada de cada ciudadano. Pero lo cierto es que el fallo que se aproxima tiene el poder de reconfigurar el panorama político y judicial de todo un país.