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Renovación Popular es investigado por presunto lavado de activos

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratifica que el partido ahora Renovación Popular está siendo investigado por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en relación con aportes de Odebrecht. El Ministerio Público acusa a la agrupación por presuntas irregularidades en campañas electorales.

In HousePor:In House20 de abril, 2024 2 minutos
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La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que incluyó al partido político Renovación Popular, antes Solidaridad Nacional, como sujeto activo en una investigación por presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht. El Tribunal desestimó el recurso de apelación del partido contra la resolución del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, sosteniendo que no se violaron derechos procesales ni se aplicaron erróneamente las normas de incorporación al proceso penal para personas jurídicas.

Es importante destacar que el Ministerio Público acusa a Renovación Popular de haber empleado su estructura organizacional para facilitar y favorecer actos de lavado de activos, otorgándoles apariencia de legalidad mediante falsos aportes de campaña en 2011 y 2014, provenientes de supuestos ingresos ilícitos. Entre las acusaciones se incluye el presunto ingreso de fondos de Odebrecht y OAS a través de falsos aportes de campaña, vinculados al expresidente Luis Castañeda Lossio y otros miembros del partido. El fallo de la Tercera Sala recalca que las personas jurídicas pueden enfrentar consecuencias penales, sin menoscabar su derecho de defensa, cumpliendo así con el debido proceso y el ejercicio pleno de sus derechos en la investigación.

En el marco de este caso, están bajo investigación figuras como José Luna Gálvez, Martín Bustamante Castro, Jorge Zegarra Lévano y Julio Torres Romero. El escrutinio judicial sobre partidos políticos en relación con financiamiento irregular de campañas electorales se intensifica, poniendo en jaque la transparencia y legalidad en la vida política del país. Una señal clara de que la justicia no hace distinciones y busca esclarecer cualquier irregularidad, sin importar la entidad implicada.

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