Se ha desatado una polémica por un nuevo rescate financiero, de casi US$2.500 millones, que PetroPerú sigue insistiendo en solicitar al estado peruano. Han surgido datos desconocidos para la opinión pública, como la falta de fondos existente en la petrolera estatal para importar "crudo y productos" para el mercado local y las actividades de procesamiento en la nueva refinería de Talara desde febrero.
Asimismo, hay consternación por el continuo aumento en el costo de dicha infraestructura, que ahora supera los US$6.500 millones. Un informe interno de PetroPerú confirma esta cifra. Esto supone un aumento de más de US$600 millones con respecto a los estados financieros auditados en 2022, y quintuplica el costo inicial del proyecto, estimado en US$1.334 millones hace 16 años. Se ha cuestionado la eficiencia de la gestión, dado que los intereses pre-operativos se han incrementado notablemente, incluso exigiendo una investigación de la Contraloría General de la República por posibles malos manejos de fondos públicos.
Adicionalmente, se ha observado que el Ministerio de Energía y Minas planea retrasar la implementación de los combustibles Euro 6 hasta octubre de 2025. Esta demora crea problemas para las empresas automotrices que tenían planes para introducir esta tecnología más ecológica desde 2024.
Alarmantemente, la inversión total en la nueva refinería de Talara podría terminar costando más de US$8.500 millones, teniendo en cuenta los intereses post-construcción. Sin embargo, Petro-Perú sigue insistiendo en un nuevo rescate financiero, lo que, en suma con los dos rescates anteriores, ascendería a un total de casi US$5.000 millones. Las críticas siguen surgiendo mientras los costos de la nueva refinería de Talara continúan en ascenso.