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Han pasado casi 10 años desde que, en el año 2014 y durante el Gobierno de Ollanta Humala, el Estado peruano suscribió un contrato por más de 300 millones de dólares de concesión privada con la empresa mexicana Azteca Comunicaciones para la construcción de la “red dorsal de fibra óptica”. El proyecto prometía cumplir con el sueño de la interconectividad de internet a nivel nacional, a bajo costo y con una velocidad rápida, pero esto nunca sucedió.

El contrato firmado con dicha compañia establecía la obligatoriedad a Azteca Comunicaciones de ser la encargada de construir, operar y mantener dicha red de fibra óptica durante los próximos 20 años. No obstante, la red dorsal nacional nunca llegó a cumplir su propósito al 100% y el contrato fue anulado a mediados de julio de 2021.

Tras esta decisión, la administración de la red dorsal nacional recayó en manos del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel),un organismo autónomo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que hoy encabeza la ministra Paola Lazarte.

Cercana a Lazarte

Precisamente Pronatel fue constituido en reemplazo del desaparecido Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel) por decisión de la exviceministra de Comunicaciones Virginia Nakagawa Morales (2018-2020),quien es cercana a la ministra Paola Lazarte. Fitel, antes de ser disuelto, tenía a Osiptel y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como integrantes para la toma de decisiones.

Lo llamativo de esta decisión adoptada por Nakagawa sale a relucir cuando se observa que, dos años antes de impulsar la constitución de Pronatel, fue la exviceministra quien era la directora de proyectos de Azteca Comunicaciones, precisamente la empresa concesionaria de la red dorsal nacional.

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Según un reportaje del programa “ContraCorriente” de Willax difundido en la víspera, tras anularse el contrato y recaer la red nacional de fibra óptica en Pronatel, la compañía mexicana demandó al Perú ante los tribunales internacionales exigiendo el pago de casi US$ 400 millones como indemnización tras la disolución del contrato.

Observaron a Pronatel

Fue el exviceministro de Comunicaciones Carlos Sotelo, designado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien observó y cuestionó la administración de Pronatel frente a la red dorsal nacional y destrabó uno de los candados la entonces concesionaria.

Es así que Sotelo decidió promover el costo cero de la internet para las instituciones públicas. Colegios del interior del país e instituciones de educación superior como la Universidad Mayor de San Marcos se vieron beneficiados con esta medida. Sin embargo, la iniciativa del entonces viceministro fue vista de mala manera y tomada como una afrenta, por lo cual fue destituido a mediados de noviembre del cargo en cadena nacional y sin habérsele comunicado previamente, fiel al estilo del gobierno castillista.

Convocatoria congelada

Tras la destitución de Sotelo, en diciembre de 2021 el Estado peruano abre una convocatoria para traer a otra empresa extranjera a hacerse cargo del megaproyecto abandonado. No obstante, el desarrollo de esta se vio empañada y trabada por una serie de artimañas del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su primo Fermín Silva. Por aquel entonces, una investigación periodística reveló una serie de conversaciones de WhatsApp entre ambos donde se evidenciaban sus intenciones de negociar con la red dorsal de fibra óptica para su provecho.

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