Las dos oficinas del Congreso y los bienes inmuebles del legislador Raúl Doroteo fueron allanados por el personal de la fiscalía de la Nación y de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac),en el marco de las investigaciones por el presunto delito de concusión al haber recortado su sueldo a por lo menos una de sus trabajadoras.
Como es de conocimiento público, la denuncia fue hecha por María Morales Gutiérrez, exempleada del despacho de Raúl Doroteo quien tuvo que darle a su jefe la mitad de sueldo de asesora técnica ascendente a S/ 7,106.
La diligencia fiscal se realizó simultáneamente en la vivienda de Doroteoen el distrito limeño de Surco y en la provincia de Pisco, en Ica, así como en su despacho ubicado en el Complejo Fernando Belaunde Terry y en la oficina de la Comisión COVID-19, la cual preside y que se encuentra en el edificio legislativo de la avenida Abancay.
En la intervención fiscal que duró más de tres horas, no estuvo presente el congresista, pero sí sus trabajadores.
Resolución fiscal
De acuerdo a la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a la que EXPRESO tuvo acceso, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, presentó el requerimiento de allanamiento, con descerraje, registro domiciliario que comprende ambientes interiores y demás dependencias cerradas.
“También el registro personal de todas aquellas que se encuentren presentes al inicio o durante la diligencia. Con fines de incautación de bienes, especies y documentos, que guarden relación con el delito investigado, así como la autorización de registro vehicular con descerraje”, indica el documento.
Además, se solicita que de darse la incautación de equipos de cómputo de telefonía móvil, tabletas y sus accesorios, se autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones en la modalidad de otras formas de comunicación.
“(Ello) con la finalidad de efectuar la visualización y extracción de información y data digital, de las especies incautadas (teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB, discos externos, entre otros, en los inmuebles allanados y oficinas del despacho congresal y otros, en los registros personales) y redes sociales a las que encuentren vinculados”, señala.
Su caso se sumaría al de otros legisladores investigados por hechos similares, entre los que están María Cordero (ex Fuerza Popular),Katy Ugarte (ex Bloque Magisterial) o Rosío Torres (APP).
Le recomiendan allanarse
Consultado al respecto, el congresista Edwin Martínez, exintegrante de la bancada de Acción Popular, dijo sentirse bien consigo mismo, por haber dejado la agrupación parlamentaria y ser un congresista no agrupado.
“Cuando salí de la bancada respiré un aire diferente al no haberme mezclado con la otra facción que hoy quieren formar su otra bancada, me sentí más libre aún y soy de aquellos que no se someten a ningún tipo de intereses que no sean los intereses del país; y resultado de esa bancada son estos actos que están protagonizando y que cada día hacen que la gente confíe menos en el político”, dijo a EXPRESO.
El parlamentario le recomendó a su excolega Doroteo allanarse a todas las investigaciones y cooperar para que se llegue a la verdad lo más rápido posible.
“Como el todos los allanamientos, considero que es parte del proceso fiscal y nadie tiene que oponerse; al contrario, el parlamentario tiene que allanarse a una buena investigación y salir de su problema, porque nada ganamos negándonos a un interrogatorio porque es parte del proceso y eso se tiene que respetar”, sostuvo.
Posible expulsión
De otro lado, el pronunciamiento final sobre la expulsión del congresista de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, no debe exceder las dos semanas, sostuvo el secretario nacional de Disciplina de dicho partido, Lizandro Salas Astorga.
Ello luego que se conociera que el parlamentario utilizó recursos de su despacho congresal para la inscripción de su partido político.
A través de un comunicado, indicó que de oficio se procedió a abrir un “proceso sumarísimo de expulsión” contra Espinoza Vargas por traición, así como añadió que en la presente semana la Secretaría Nacional de Disciplina, con sus descargos o sin ellos, procederá a elevar el dictamen final a la primera sala del Tribunal de Disciplina, la que deberá pronunciarse en un plazo de tres días.
“Ante la flagrancia de los hechos propalados el día de ayer en medio de comunicación, respetando el debido proceso y actuando en estricto apego a nuestras normas partidarias, solicitaremos también al Tribunal Nacional de Disciplina, la suspensión del congresista Espinoza Vargas de sus funciones como dirigente que integra el Plenario Nacional y Congreso del partido, mientras se tenga un pronunciamiento final sobre su expulsión, que no debe exceder de dos semanas”, señaló.
De acuerdo a la denuncia periodística, el legislador Darwin Espinoza empleó una impresora de su despacho parlamentario y papel bond proveído por el Congreso para imprimir fichas de afiliación a su agrupación política.
Según se informó, en enero pasado el citado parlamentario solicitó a la Oficina de Abastecimiento del Congreso 10 millares de papel bond.
Además, se le acusa de enviar a su personal parlamentario a Áncash para que recolecten firmas en días laborables y utiliza el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.
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