La congresista izquierdista Kelly Portalatino (Perú Libre) se pronunció sobre los cuestionamientos respecto a la defensa legal que el Congreso de la República estaría pagando para el parlamentario César Revilla (Fuerza Popular),una suma que asciende a los S/ 40,000.
Asimismo, para el presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, Alejandro Soto, habrá la suma de S/ 70,000 soles para remunerar a sus abogados.
“Tengo entendido que si tenemos una denuncia ejerciendo nuestras funciones, está facultado que el Congreso de la República a través de la área administrativa brinde un presupuesto para contratar a un defensor, sin embargo, voy más allá del fondo, no específicamente por el colega Revilla, sino porque Fuerza Popular siempre beneficia a sus abogados. Ahí es un tema más de fondo que de forma”, indicó.
En ese mismo marco, mencionó que el presidente de la Mesa tiene todo el derecho a tener una defensa legal retribuida por el Congreso.
“Es el presidente del Congreso, él tiene el derecho a tener esa defensa por todas las imputaciones, ya si el Ministerio Público o el Poder Judicial determina algunas responsabilidades, será el ente encargado de asumirlo. Mientras tanto todos estamos llanos a tener denuncias y lo que corresponde es que tengamos nuestra defensa”, dijo.
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Como es público, al legislador César Revilla lo implican por ser mencionado en conversaciones que revisó el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop),presidido por Marita Barreto, y que según señalan demostrarían presuntos actos de corrupción.
Además, reveló que el fujimorista se habría encargado de coordinar con distintos parlamentarios a fin de “obtener los votos que inhabilitaron por cinco años a Zoraida Ávalos”.
“He hablado con algunos [congresistas] y he conseguido a Somos (Perú),Cordero y los cuatro ‘Niños’. Revilla me coordinó esas reuniones. Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”, se lee en el chat de Jaime Villanueva.
Por su parte, Alejandro Soto solicitó al Congreso que cubra su defensa legal en la investigación que sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos por el caso que se le sigue a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides como presunta líder de una organización criminal.
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