A los jueces que no acatan sentencias del Tribunal Constitucional, ahora se le suma un magistrado de la Corte Superior de Áncash que pretende aplicar sesgadamente una casación de la Corte Suprema.
Esto sucede en el caso Hospital La Calera, donde se investiga al exgobernador regional Juan Carlos Morillo y a otros personajes por supuesta colusión. Todos estuvieron en prisión preventiva, pero fueron liberados cuando se confirmaron excesos en su contra.
El 13 de octubre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había rechazado un pedido de casación de la Fiscalía Anticorrupción, sobre una resolución del 2022. Esta ordenaba una mesa de trabajo para ampliar una pericia a las acciones de la empresaria Ninel Romero.
“Resolución respecto de la cual el representante del Ministerio Público manifiesto su conformidad, tal como se advierte del acta obrante en autos. Advirtiéndose, de ello que existe renuencia del Ministerio Público en dar cumplimiento a la disposición de los órganos de instancia”, indicó el colegiado que preside César San Martín.
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Frente a ello, Miguel Ángel Dueñas, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, dijo: “No va a ser posible a mi criterio, y no quisiera anticipar mesa de trabajo”.
Corte Superior demora proceso
Una mesa de trabajo se produce cuando el perito del Ministerio Público contrasta el objeto a analizar junto a otro especialista. Tanto el juez como el fiscal Robert Rojas quieren evitarla. Además, el magistrado la ha programado para agosto. Esto ha motivado una tutela de derechos.
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