Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos insistió en la alarmante situación en la que se encuentran los derechos humanos en el Perú, durante la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte.
El documento se refirió a asesinatos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales y la continuidad de la corrupción, en todos los niveles de gobierno. Se menciona el caso de la constructora brasileña Odebrecht y las investigaciones al exmandatario Pedro Castillo.
También se aborda el crimen del defensor del medio ambiente Santiago Contoricón, los ataques a la prensa por grupos extremistas, la discriminación y abusos sociales, y la difícil situación de los trabajadores en el Perú.
EE.UU. asegura que hubo violaciones a los derechos humanos en el Perú
El Informe de los Derechos Humanos 2023 del Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura la existencia de violaciones a los derechos humanos en el territorio peruano. Dice que entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 se reportaron 49 civiles fallecidos, mayormente en Ayacucho y Puno.
En el reporte se critica el uso de la fuerza en el gobierno de Dina Boluarte en protestas y manifestaciones y se aborda el tema de la lentitud, en forma deliberada, de las investigaciones sobre las muertes.
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En el caso del crimen de Santiago Contoricón, el 8 de abril de 2023 en Puerto Ocopa, en Junín, refiere el documento norteamericano que presuntamente le quitaron la vida en represalia por su activismo.
Hace eco, además, de denuncias de “ejecuciones extrajudiciales creíbles”, en el territorio peruano, como parte de un contexto de violación a los derechos humanos.
Ataques a la prensa y corrupción
De acuerdo al informe, se registraron un total de 153 ataques contra periodistas entre el período de diciembre 2022 y febrero 2023, cuyos autores fueron grupos extremistas, se menciona la continuidad de la corrupción, el escándalo de Odebrecht que protagonizó la constructora del mismo nombre y que salpicó a cuatro presidentes peruanos.
En este documento se menciona la discriminación contra las comunidades indígenas y afroperuanas, así como contra las personas con discapacidades y LGBTQI, y hasta violencia de género.
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