El Gobierno del Perú, representado por el ministro Eduardo Arana y otros funcionarios, sustentó que el indulto en beneficio de Alberto Fujimori se ejecutó respetando los principios de legalidad y justicia, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que pierda capacidad de injerencia en decisiones internas del país.
El informe remitido hacia el organismo internacional fue explicado por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la alocución, el integrante del Ejecutivo ahondó en que la gracia otorgada al exmandatario se concretó en respaldo a una sentencia del “máximo garante de los derechos fundamentales”: el Tribunal Constitucional.
“También es fundamental recalcar que se reconozca el respeto a nuestra soberanía interna y a nuestras instituciones judiciales. Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición“, dijo Eduardo Arana en conferencia de prensa.
Perú no incurrió en desacato por indulto a Alberto Fujimori
Luego de que la excarcelación a Alberto Fujimori se materializara en diciembre pasado, la Corte-IDH resolvió que el Estado peruano “incurrió en desacato” y puso en tela de juicio el poder de decisión que el Tribunal Constitucional del Perú tenía, evidenciando una deliberada injerencia en el sistema judicial local.
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Ante ello, el agente peruano ante la entidad supranacional, César Pastor, descartó que la restitución al indulto otorgado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski haya significado un desacato ante el sistema internacional.
Él sostuvo que el Perú cumplió con revisar el indulto a Alberto Fujimori, de acuerdo a la solicitud de la Corte-IDH, y se respetó la decisión del órgano constitucional competente. “El Tribunal Constitucional ha determinado que el indulto cumplía con los parámetros legales y constitucionales para su otorgamiento“, dijo.
En la misma línea, César Pastor reiteró que el indulto tuvo un carácter humanitario, “sustentado en un informe médico que no ha sido rebatido”. Agregó que no existen afectaciones a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, debido a que el Estado peruano cumplió con investigar, juzgar y sancionar a los responsables, entre ellos, Alberto Fujimori.
Jurisprudencia demanda competencial ante el Tribunal Constitucional | Análisis
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