El ministro de Economía, José Arista, tuvo un tajante pronunciamiento respecto a los índices con que las calificadoras de riesgo muestran al Perú y el débil papel que viene jugando el gobierno de Dina Boluarte para hacerle frente a la situación.
La semana pasada, Standard and Poor’s (S&P) emitió un informe en el que describió que la calificación crediticia de la Nación bajó de BBB a BBB-, sustentando que “la incertidumbre política limita el crecimiento económico”, y advirtió que la confianza en la inversión podría verse perjudicada.
Sobre ello, el titular del MEF refirió que la tendencia a la baja no es de ahora, recordando los periodos presidenciales que antecedieron al de Dina Boluarte, particularmente “desde que renunció PPK”. Asimismo, admitió que el gobierno, hasta el momento, no encuentra la manera de revertir la situación.
“(El gobierno actual) no ha podido tampoco, porque no se tiene un congresista del partido en el Congreso, no tiene balance, ni fuerza para hacer el balance en la parte política. Definitivamente (es un gobierno débil)“, expresó José Arista a un medio local.
José Arista sobre evaluación de calificadoras
Si bien S&P menciona que la calificación crediticia sufrió un bajón, la evaluación de Fitch Ratings mantuvo al Perú con un nivel moderado. Sobre estos informes, el titular del MEF adicionó que servirían para ejecutar ajustes necesarios en su gestión.
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“Tomamos las opiniones de las clasificadoras con gran sentido de responsabilidad y nos impulsan a continuar realizando ajustes necesarios, y a redoblar los esfuerzos de diálogo constructivo en aras de mejorar la gobernanza en nuestro país, en beneficio del progreso de los peruanos”, escribió José Arista en su cuenta de X (antes Twitter).
El titular del MEF también explicó que actualización a la baja de S&P responde en mayor parte a “un panorama político complejo”, algo advertido también por Fitch en su análisis.
“La fragmentación e inestabilidad política y la falta de institucionalidad afectan la gobernabilidad, constituyéndose en factores que reducen la confianza de los inversionistas y limitan, por parte del Ejecutivo, la generación de consensos para implementar políticas de mayor impacto. Esta situación se opone a nuestro propósito de reactivar la economía, por ello tenemos el deber de unirnos para dar un mayor impulso al crecimiento y desarrollo que nos traerán trabajo y bienestar”, puntualizó.
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