Pese a existir una redistribución de funciones en el equipo de fiscales a cargo del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, se reveló un resquebrajamiento, ya que Roxana Jáuregui denunció penalmente a las magistradas Rocío Sánchez y Graciela Villafana por delito contra la administración de justicia, encubrimiento real y personal, al gestionar el pago de un millón de soles a Antonio Camayo.
Jáuregui sostiene que el peritaje de parte realizado por la defensa legal del empresario automotriz fue usado para que se le devuelvan los libros contables al empresario y que la pericia en el sentido contrario, realizada por el Ministerio Público en el 2018, no fue tomada en cuenta por Sánchez, según ‘Panorama’.
“La primera acción que desplegó el despacho de la fiscal Rocío Sánchez fue devolverle todos los libros contables que habían sido entregados por las empresas investigadas Iza Motors y Grupo Iza”, indica la denuncia.
Se agrega que, al ser devueltos los registros de los ingresos y egresos, no se podría conocer con quiénes Camayo realizó transacciones y negociaciones.
Por su parte, la fiscal Sánchez declaró que existe una campaña de desprestigio a su labor. “Se pretende desacreditar la información del colaborador que tiene más de dos años y que está a puertas de presentarse al juzgado”, indicó en RPP.
En otro momento, dejó entrever que con esta denuncia se pretendería distraer el caso de las vacunaciones ocultas encabezadas por el expresidente Martín Vizcarra.
“¿Por qué después de meses presenta esta denuncia penal? Justo después de una etapa en donde salen a la luz investigaciones como el “Vacunagate”. ¿Por qué no hizo la denuncia desde el principio?”, se preguntó.
Añadió que el Poder Judicial autoriza el descongelamiento de las cuentas porque Camayo e Iza Motors han proporcionado información relevante para identicar a funcionarios corruptos.
EXPRESIDENTE Y «TOÑITO»
En varias ocasiones, Martín Vizcarra había negado haber conocido a Antonio Camayo, e incluso señaló que las fotos donde aparecen juntos habrían sido trucadas por opositores políticos, pero un peritaje a las imágenes lo desmintió.
Familiares y socios del dueño de Iza Motors también se libraron de ser investigados, a cambio de la colaboración eficaz en la carpeta a cargo de Sánchez.
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