La Defensoría del Pueblo presentó este jueves un informe que revela que la actuación del Estado aún es defectuoso en casos de violencia contra mujeres migrantes. Por ende, han solicitado fortalecer la labor intersectorial, que permita garantizar una efectiva atención de los casos.
A pesar de que el estudio realizado revela que han logrado identificar las necesidades diferenciadas de las víctimas migrantes, aún se carece de lineamientos específicos. Asimismo, hacen falta operadores que manejen la normativa aplicable a la problemática en especifico.
Sumado a ello, las víctimas con situación migratoria irregular tienen dificultades para acceder a los servicios públicos. Cuando estas lo hacen, la atención solo se limita a emergencias. También, muchas de las personas migrantes que sufren alguna forma de violencia basada en género desconocen sus derechos y los servicios a los que pueden acceder. Estos inconvenientes se han visto empeorados por la pandemia.
Las principales formas de violencia que sufren son el hostigamiento sexual laboral, la violencia económico-patrimonial por parte de sus parejas, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, la violencia física y psicológica, y el acoso sexual en espacios públicos.
Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos, señaló que “esta situación particular requiere acciones concretas y cambios estructurales con políticas de atención que tomen en cuenta la condición de ser migrante o refugiada”.
Debido a ello, la Defensoría del Pueblo a insistido a diversos ministerios tales como el de salud, el de la mujer, el de justicia y a la misma policía nacional modificar, agregar y fortalecer sus protocolos para corregir esta situación que se da en el país.
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