Los abogados penalistas César Nakazaki y Luis Lamas Puccio cuestionaron la Directiva N° 007-2024-CG/FIS de la Contraloría General de la República, mediante la cual se otorga la potestad a esta entidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno y que se encuentren involucrados en presuntos casos de enriquecimiento ilícito.
Nakazaki indicó que la administración pública no está preparada para afectar con proporcionalidad la afectación de derechos de las personas, y sostuvo que este tipo de medidas siempre debe estar bajo control de un juez. ”En principio, el único que puede afectar derechos fundamentales de una persona es el juez, no la administración pública”, indicó al respecto.
Mientras que Lamas Puccio calificó de ‘‘más de lo mismo’’ la medida al subrayar que ya existen otros procedimientos para solicitar este tipo de informaciones.
“Existe la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que recopila no solamente la información bancaria, sino la información de todas las fuentes tributarias, económicas y empresariales que existen en el país”, señaló.
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