En la víspera de que el Poder Judicial decidiera no liberar a Alejandro Toledo, por supuesto exceso de carcelería, los abogados del expresidente acudieron a Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú, pidiendo su intervención ante la supuesta violación a los términos de la extradición.
Como se recuerda, en julio del 2022 la potencia mundial autorizó que el procesado por colusión con Odebrecht en la obra Interoceánica Sur sea repatriado. Allí ya había estado varios meses privado de su libertad, los cuales no se computaron dentro de los 18 de prisión preventiva ordenados por la justicia inca.
“La extradición autorizada por Estados Unidos en el caso Odebrecht, hoy ha generado una situación de ilegalidad, irregularidad e infracción a las garantías del debido proceso”, señalan en una carta Paolo Aldea y Brandon Mori, abogados del Toledo.
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Según los litigantes, los 18 meses de reclusión, mientras continúa el proceso de Lava Jato, ya culminaron hace semanas. Sin embargo, el Poder Judicial de nuestro país señaló que esto se cumple en octubre de este año.
“Soslayando los propios precedentes internos en otros casos como los de Martin Belaunde Lossio, Pedro David Pérez Miranda, alias ‘Peter Ferrari’, Alberto Fujimori, entre otros, en los que se aplicaron otras reglas y cómputo de plazos de la prisión preventiva”, añaden los defensores del exmandatario, Alejandro Toledo.
Obligaciones de Alejandro Toledo
“El gobierno estadounidense tiene un deber subsidiario de supervisar y vigilar que los ciudadanos extraditados sean tratados por el estado requirente conforme a sus obligaciones internacionales y aquellas contenidas en el Tratado de Extradición”, piden Aldea y Mori.
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