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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió otra vez no presentarse ante la comisión de Justicia del Congreso que requiere sus explicaciones sobre la reunión clandestina que sostuvieron las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, que investigaban el caso “Cuellos blancos del puerto”, con el presidente de la República de entonces, Martín Vizcarra Cornejo, vinculado también a ese caso.

La negativa de la titular del Ministerio Público de concurrir a declarar a la comisión parlamentaria no solo dilata el avance de la investigación, sino que genera suspicacias por los presuntos vínculos con el exmandatario, a quien ha tratado con guantes de seda en las investigaciones que le ha tocado abrirle.

Recordemos que en el caso Richard Swing, en el que pese a reconocer que había evidencias para abrirle investigación, por presuntos delitos de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia por influir a mentir a testigos, y además de tener atribuciones para hacerlo, Zoraida Ávalos decidió postergarla para después de 28 de julio. Y en el escándalo ‘Vacunagate’ abrió investigación contra Martín Vizcarra, e incorporó después a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, pero -según opinión de destacados juristas- consideró solo supuestos delitos que tienen leve pena, y no incorporó el de colusión, que tiene sanción privativa de libertad de hasta 15 años.

¿Por qué esperó el mismo día que debía presentarse para pedir que la reprogramen por tener reuniones de trabajo debidamente agendadas? Si era así, pudo haberlo solicitado el mismo día que la notificaron. Zoraida Ávalos debe aclarar si tiene algún vínculo con el exmandatario y si estaba al tanto de la reunión  aunque se dice que fueron más– que sostuvo en secreto Martín Vizcarra y las fiscales Sandra Castro –por coincidencia vecina del exgobernante– y Rocío Sánchez.

Hasta el momento, Zoraida Ávalos no ha adelantado que indagará por este caso a Vizcarra, quien, según los especialistas, habría incurrido en usurpación de poderes al reunirse en forma secreta con Sandra Castro y Rocío Sánchez.

La situación de la titular del Ministerio Público es complicada porque las dos fiscales, que ya han sido separadas del caso “Cuellos blancos”, han dicho que ella tenía conocimiento de la cita secreta, y ello –a decir de los juristas– le puede costar no solo una suspensión de su cargo, sino hasta la destitución.

En el Congreso esperan que la fiscal de la Nación concurra el martes 9 de marzo, fecha en que ha sido citada a una sesión extraordinaria, pues de lo contrario, y tal como ha adelantado el congresista y expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, se expone a ser denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por infracción a la Carta Magna. Está notificada.

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