La economía peruana es dinamizada básicamente por las inversiones. Tanto la inversión pública como la privada generan puestos de trabajo directos e indirectos, con una fuente importante de ingreso de recursos y son fundamentales en la recuperación de la actividad económica.
De acuerdo a la estadística del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),la inversión pública se incrementó 12.5% en los tres primeros trimestres del 2021, respecto a lo observado en el año 2019. Para el 2022, se prevé un crecimiento de la inversión pública de 4.5%, sustentado en el mayor gasto por obras de reconstrucción y los proyectos especiales de inversión.
En la inversión privada, en el período de enero a setiembre de 2021, se habría alcanzado un crecimiento de 14.3%, respecto del mismo período del 2019, y un 54.9% interanual. Para el 2022, la situación de la inversión privada sería preocupante.
A diferencia de la inversión pública, la inversión privada en el 2022 tendría un crecimiento nulo. El BCRP considera que el impacto de las menores expectativas empresariales, que continuarían durante el 2022, ocasionaría que el sector privado sea muy cauteloso a la hora de planificar cualquier tipo de inversión.
La coyuntura política y social actual están siendo los principales factores determinantes para realizar inversiones en el país. La inversión pública no tendría ningún problema, pues es el Estado el que ejecuta dicha inversión, pero la falta de seguridad para los inversionistas privados, como se demuestra en los levantamientos sociales en contra de campamentos mineros, los coloca en una difícil situación.
Si bien es cierto, la minería no es la única fuente de inversión privada, todavía posee una fuerte presencia en este nivel de inversión. El caso de Quellaveco explica bien esta situación pues, según el BCRP, la inversión privada minera se contraerá -16.7% debido a la finalización de este proyecto minero en el 2023, lo que generaría un crecimiento de solo 2.0% de la inversión privada total.
Según Proinversión, para el período 2021-2023 se cuenta con una cartera de proyectos de inversión de casi US$ 8.300 millones por adjudicar, lo cual estaría representando un 4% del PBI nacional. De continuarse con un entorno político fragmentado, como lo consideran muchos expertos, y de descontrol social, será muy difícil que se logren dichas adjudicaciones durante el período establecido.
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