Desde mediados de marzo del año 2020 nos encontramos en Emergencia Sanitaria, sucesivamente prorrogada hasta setiembre del presente año e igualmente en Emergencia Nacional, con suspensión de derechos constitucionales de reunión, de tránsito y de inviolabilidad domiciliaria, todo ello para enfrentar la pandemia del COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Durante el período de emergencia se decretaron medidas severas en relación con el confinamiento domiciliario; el trabajo a distancia y desde la vivienda; la educación virtual no presencial en todos los niveles formativos; limitaciones en la prestación de diversos servicios y aforos reducidos en infinidad de establecimientos y actividades, según las diferentes zonas del país. Todo ello se fue ampliando o reduciendo, según el comportamiento de la gravísima epidemia.
Ahora el Gobierno Nacional, ha dictado un Decreto Supremo por el cual se declara en emergencia el Sistema Educativo Peruano a nivel nacional, durante el segundo semestre del presente año y primer semestre del siguiente.
Por supuesto que dicha norma causó curiosidad, puesto que, si ya estamos en Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria, que comprende a todo el Perú, así como a todos los sectores y actividades, cuyas regulaciones tienen reglas claras y especializadas para todos y cada uno, no veíamos razón aparente para el dictado del Decreto Supremo al que nos estamos refiriendo.
Inmersos en el contenido del Decreto en cuestión (y ojo, no digo de marras) nos dimos con que era meramente declarativo y que no ordena absolutamente nada. Solo dice que el Ministerio de Educación dictará disposiciones específicas para el largo período de dicha emergencia. O sea, nos tienen en la luna de Paita y en el sol de Colán, ya que no nos explican en que consiste la emergencia, qué pasará con los centros educativos, con los maestros y los alumnos, cómo tampoco las calificaciones y menos qué y cómo se aprenderá.
Como gran cosa y siempre en forma gaseosa se dicen enunciados grandilocuentes, como que ello servirá para recuperación y consolidación del aprendizaje, el desarrollo profesional docente, la innovación tecnológica y competitividad educativa, la atención integral a las poblaciones rurales e indígenas y, por último, la descentralización. Empero, nadie sabe de qué se trata, en qué consiste, quién y cómo se hará, cuáles son los recursos con los que se cuenta y de dónde salen.
Francamente esto parece una tomadura de pelo y más, cuando el sector educacional en una pandemia tiene que concordar con la atención sanitaria, esta última a cargo del Ministerio de Salud, el que tendrá que informar si ya se puede dar educación presencial y abrir los establecimientos educativos como escuelas, colegios, nidos, escuelas técnicas, superiores y universidades, entre otros.
Teniendo normas sanitarias exigentes, lo lógico es que se pongan servicios de esa naturaleza en los centros educativos y que sus baños estén aptos, para lo cual lo que urge es que se arreglen y rápido, pero por favor, no mezan a la población simplemente porque hay familias que quieren que regrese la educación presencial, sin tener en cuenta la situación sanitaria, la cual se puede agravar con una tercera ola.
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