Un contundente informe donde revela la utilización de los servicios de inteligencia y a sus agentes del Estado venezolano para reprimir a la disidencia, revela el informe de una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
El documento indica que los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos.
El informe, en uno de sus párrafos indica que “Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”.
La denuncia va más allá cuando relata que “el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.
Con este informe se ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 sobre Venezuela y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
Para el caso de la Dgcim se menciona que el director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko, están involucrados en estos actos.
No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de órdenes directas de Nicolás Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
El Dato
“Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del gobierno”, enfatiza el informe.
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