El 30 de marzo del 2019 murieron ocho personas en un socavón ubicado en el conocido cerro El Toro de Huamachuco, trabajadores que arriesgaban su vida diariamente por veinte soles, la perdieron asfixiados por un derrumbe, no tenían ningún equipo de seguridad laboral; murieron asfixiados, sin recibir auxilio alguno. Según versiones policiales, familiares de los fallecidos se acogieron a un pago para no denunciar lo que realmente aquel día.
Este lunes 30 de mayo se decidirá si el pastor evangélico y agente municipal de Shiracmaca, Oswaldo Alva Polo; y su socio Luis Miguel Reyes Ríos responderán ante un tribunal por las ocho muertes. La juez Silvia Mercedes Sánchez Haro, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco, tendrá la responsabilidad de decidir si ambos sujetos pasarán a juicio oral por los decesos de Orlando Francisco Valderrama Victorio y siete personas más.
Como se leen en los expedientes, Alva Polo y Reyes Ríos regentaban el socavón ilegal de Huamachuco en marzo del 2019 y, fue Alva Polo, según la disposición de formalización realizada, quien coaccionó y obligó el ingreso de las ocho personas bajo amenaza de despedirlos.
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Investigado se hizo autoridad
Mientras se realizaban las investigaciones fiscales, Oswaldo Alva Polo logró convertirse en agente municipal de Shiracmaca.
Según lo narrado por quienes estuvieron el día de las elecciones, votaron por él sus feligreses y familia que no reside en el caserío. Por esas dos razones y por no residir en el caserío, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión no reconoció su nombramiento. Alva Polo, ante tal situación, pudo asumir gracias a una medida cautelar del Poder Judicial. E inmediatamente el fiscal provisional, Ronald Lorenzo Urrutia Castillo, cambió la comisión del delito a Homicidio Culposo. Es decir, la pena por la muerte de ocho personas sería máximo de dos años.
Fiscal a favor
El fiscal provisional de Huamachuco, Ronald Urrutia Castillo, es el mismo que acusó al minero ilegal Jorge Espejo Moreno por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo; Urrutia Castillo repite una conclusión que beneficia a un sujeto relacionado a la minería ilegal.
“¿Por qué la variación? ¿Cuáles son los argumentos? La jefa de Control Interno de la Fiscalía y la presidenta de la Junta de Fiscales deberían iniciar una investigación, en forma urgente, para saber qué ha sucedido realmente. Exigimos al Ministerio Público rectifique, en segunda instancia, la decisión de este fiscal. No se pueden asignar causas de este tipo a fiscales provisionales porque en cualquier momento se pueden ir”, concluye el consejero.
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