El fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó una solicitud ante el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para que se disponga la suspensión temporal del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), Juan Antonio Fernández Jerí.
La solicitud está basada en su supuesta vinculación con una organización criminal que habría operado bajo el liderazgo de la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. El fiscal Pérez señala que Fernández Jerí habría sido cómplice primario en presuntos delitos como el cohecho pasivo específico, en el contexto de maniobras para destituir a fiscales incómodos, como Rafael Vela y él mismo.
¿Cuál es el vínculo entre Fernández Jerí y Benavides?
En el documento presentado, Pérez sustenta que Fernández Jerí sería parte de la red que operaba dentro del Ministerio Público para interferir en investigaciones fiscales, manipular procesos disciplinarios y remover a fiscales del caso Lava Jato.
Durante la audiencia del 24 de junio de 2025, en el expediente 00037-2025-1-5001-JS-PE-01, el fiscal Luis Ballón Segovia señaló que el jefe de la ANC integraría la presunta red criminal aún operativa.
Además, audios difundidos por un programa televisivo revelaron una voz atribuida a Fernández Jerí coordinando acciones para perjudicar directamente a José Domingo Pérez. En el material presentado como prueba, se escucha: "Si confiesa, yo ordeno abrir investigación al fiscal", en referencia a una supuesta estrategia para desacreditar al magistrado.
¿Por qué se solicita la suspensión?
La solicitud también se basa en los principios de prevención del delito y protección de derechos fundamentales. Pérez argumenta que la permanencia de Fernández Jerí representa un riesgo para la autonomía del Ministerio Público, especialmente por las investigaciones disciplinarias abiertas contra miembros del Equipo Lava Jato, lo que podría derivar en represalias.
Asimismo, el fiscal recuerda que tanto él como su colega Rafael Vela cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2021 y ampliadas en 2023, debido a amenazas a su seguridad personal y laboral. En ese sentido, la continuidad de Fernández Jerí en el cargo vulneraría el mandato de proteger a los fiscales de actos de hostigamiento y presión institucional.
La solicitud de suspensión contra Juan Antonio Fernández Jerí se enmarca en un contexto de investigaciones fiscales complejas, en las que se busca garantizar la independencia del Ministerio Público.
Los elementos presentados por José Domingo Pérez incluyen audios, resoluciones judiciales previas y antecedentes disciplinarios, los cuales, según indica, justifican la medida preventiva para evitar la posible reiteración de actos ilícitos y la obstrucción de investigaciones sensibles.