El presidente del Consejo de ministros dispuso que el procurador del Ministerio de Justicia en materia constitucional presente una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por lo que se considera un “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”. ¿Qué busca con este recurso? El ministro de justicia y el primer ministro confirmaron que buscarán limitar las posibilidades de investigar a la presidenta durante su mandato. Análisis del experto en derecho constitucional Heber Joel Campos.
La presidenta Dina Boluarte tiene varias carpetas fiscales abiertas por hechos que no están contempladas en el articulo 117 de la Constitución que se refiere a los casos por los que puede ser acusado un presidente en ejercicio y que tienen que ver con la traición a la patria, el cierre inconstitucional del Congreso, impedir la reunión del Congreso o la celebración de elecciones. La interpretación de ese artículo de la Constitución ha variado radicalmente desde cuando Gladys Echaiz rechazó investigar al entonces presidente Alan García hasta la postura actual de permitir la investigación, no la acusación. Esta posición jurídica ha sido establecida el año pasado por la Corte Suprema de Justicia.
Con la demanda competencial que presentará el procurador para asuntos constitucionales, el gobierno y concretamente la presidenta Dina Boluarte busca que el Tribunal Constitucional modifique esa postura jurídica y limite las posibilidades de investigarla durante el ejercicio del cargo.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, confirmó al término del Consejo de ministros, que lo que esperan es que el artículo 117 de la Constitución se aplique como antes de manera restrictiva y generar un precedente de protección del presidente en ejercicio. “Lo que se busca a través del proceso competencial es delimitar la aplicación del artículo 117 para que se pueda establecer realmente las facultades que tiene la fiscal de la Nación y que este comportamiento histórico que ha seguido de puente y de atributos para la fiscalía de la Nación constituya el precedente y el camino a seguir no solo por este fiscal de la Nación sino por todos los fiscales de la Nación y también contra los presidentes de la República, no solo de la presidenta Dina Boluarte sino de los subsiguientes”.
¿Cuáles pueden ser los alcances de ese pedido? ¿Tiene sentido utilizar el recurso de la demanda competencial para obtener limitantes en un proceso penal? ¿Podría el TC darle la razón a la presidenta e impedir la investigación? Si le diera la razón, ¿podría anularse lo actuado en las investigaciones en curso? Estas son algunas de las preguntas que responde en esta entrevista el experto en derecho constitucional y profesor Heber Joel Campos.