Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil invalidó las pruebas de los servidores de Odebrecht, que ya no podrán ser usadas en el juicio del caso cócteles. La decisión es del 21 de marzo y ya venció el plazo para apelarla. Ni Brasil apeló ni Perú lo pidió. La decisión que benefició al izquierdista Lula da Silva es la mejor carta que tiene hoy la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“La justicia a veces tarda pero llega”, ha dicho Keiko Fujimori en una reunión con los integrantes de la bancada fujimorista. “Sé que en los próximos meses vamos a poder gozar de una libertad plena”, dice en el video compartido en sus redes sociales. ¿En dónde radica el optimismo de la ex candidata presidencial cuyo juicio oral está programado para el próximo 1 de julio? En una decisión de Brasil que podría cambiar el desenlace del caso Cócteles. En Brasil, un juez invalidó pruebas que son importantes para el juicio y nadie ha apelado su decisión.
Después de tantas arbitrariedades, la justicia brasileña ha anulado las pruebas manipuladas que fueron utilizadas para acusarnos. La verdad se abre paso y va a aliviar todo el daño que nos hicieron. pic.twitter.com/7uD54Bglg1
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 10, 2024
El 2 de febrero, a nombre de Jaime Yoshiyama, su abogado Humberto Abanto pidió al Supremo Tribunal Federal de Brasil invalidar las pruebas que se obtuvieron gracias al acuerdo de colaboración eficaz celebrado entre la Fiscalía brasileña y Odebrecht. El objetivo era que la información de los servidores no se pudiera utilizar como prueba en el caso Cócteles. Una decisión previa tomada por el juez José Antonio Dias Toffolli, había beneficiado a Ollanta Humala en el juicio en Perú por el caso Odebrecht y Jaime Yosihiyama quería recibir el mismo beneficio. Es decir, lo que quería Yoshiyama era que también para el caso Cócteles se invalidaran las pruebas que se obtuvieron de los servidores Drousys y My Web Day B que contenían la información de los pagos de Odebrecht a través de la Caja 2, la caja de los sobornos.
El juez tomó esa decisión con el argumento de que se rompió la cadena de custodia de los datos obtenidos de los servidores y por lo tanto eran prueba contaminada. Ese argumento es el mismo que sirvió para exculpar al ex presidente Lula da Silva y que luego ha tenido un efecto dominó con otros implicados en casos de entrega de dinero de Odebrecht, como el ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli y el ex presidente peruano Ollanta Humala. En Perú además está en trámite un pedido similar hecho por Susana de la Puente, ex directora de la campaña de PPK, también procesada por el caso Odebrecht.
El pedido de José Domingo Pérez
Cinco días después de haber sido presentada la solicitud de Yoshiyama, el fiscal del caso Cócteles, José Domingo Pérez, le solicitó a la fiscal encargada de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato, Elssie Garavito Chang, que realizara las gestiones necesarias para contratar abogados en Brasil que ejercieran la defensa jurídica de los intereses del Estado peruano en el proceso iniciado por Jaime Yoshiyama en ese país.
La fiscal Garavito, quien recibió el pedido de José Domingo Pérez, estaba en el cargo transitoriamente porque el titular de ese despacho, Rafael Vela, había sido suspendido por el Órgano de Control del Ministerio Público. Un mes después, el 7 de marzo, el secretario general de la Fiscalía de la Nación, Miguel Alan Puente Harada, le remitió al Procurador General, Javier Pacheco, un oficio en el que, por instrucciones del Fiscal de la Nación (i),solicitaba la designación de un procurador público ad hoc para la defensa del Estado en el proceso judicial iniciado por Yoshiyama.
Claramente los abogados del Estado no tienen la misma velocidad que los abogados particulares. Como se dijo líneas arriba, el pedido al procurador llegó el 7 de marzo: un mes demoró la Fiscalía de la Nación en hacer el pedido y para colmo llegó al despacho equivocado. La solicitud de Pérez debió ser tramitada ante la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público directamente, pero nadie sabe por qué no se hizo. Una semana más tarde, el 15 de marzo, el procurador Pacheco remitió otro oficio al secretario general de la Fiscalía preguntando cuál era el número del expediente al que se refería el pedido de Yoshiyama, pues la información la tenía la Fiscalía y no la Procuraduría. El oficio de la Procuraduría nunca obtuvo respuesta. Mientras tanto, corrían los términos en Brasil. El 21 de marzo, el juez José Antonio Dias Toffoll decidió aceptar el pedido de Yoshiyama e incluirlo en el fallo que anuló las pruebas de los servidores de Odebrecht.
La justicia brasileña concede dos semanas de plazo para apelar este tipo de decisiones, pero ésta nunca se produjo. Esas dos semanas vencieron este lunes 8 de abril. En principio, la Fiscalía brasileña era la llamada a recurrir el fallo, pero no lo hizo y tampoco recibió un pedido de la fiscalía peruana en ese sentido. En el caso original que anuló las pruebas para el juicio de Ollanta Humala tampoco hubo apelación de Brasil ni presión alguna por parte de la fiscalía de Perú.
Evidentemente el optimismo de Keiko Fujimori tiene asidero. En el juicio, el Ministerio Público no podrá usar las pruebas de “aumentar 500 para Keiko” y seguramente tampoco contará con la declaración de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, como ha ocurrido en el juicio de Ollanta Humala. Pero una cosa es el optimismo y otra el triunfalismo. Contra Keiko Fujimori, la Fiscalía tiene más que “aumentar 500 para Keiko”. En el juicio deberá explicar el pitufeo confesado por los colaboradores eficaces, entre ellos el ex congresista Rolando Reátegui y Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama. El Ministerio Público también expondrá en el juicio los aportes no declarados como los de Juan Rasmus y Dionisio Romero, entre otros.
La instalación del juicio contra Keiko Fujimori está programada para el 1 de julio pero su defensa ya ha pedido la nulidad de la resolución que fijó la fecha del inicio del juicio.