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La reanudación de las manifestaciones en distintos puntos del Perú, comienza a tor­nar complicado el panorama. Los dirigentes de la ciudad de Andahuaylas que encabezan las manifestaciones contra del Gobierno y el Congreso, en la región Apurímac, amenazaron a los docentes con golpearlos si asisten a las aulas el próximo 13 de marzo, día de inicio del año escolar.

PROTESTANTES BUSCAN PARALIZAR EDUCACIÓN DE NIÑOS HASTA QUE SE DÉ LA RENUNCIA DE DINA BOLUARTE

El anuncio fue realizado por Delfín Pérez Oscco, secretario del Comité Lucha en la Pro­vincia de Andahuaylas, quien manifestó que los pobladores no enviarán a sus hijos a las escuelas hasta que la presi­denta Dina Boluarte renuncie al cargo.

Docentes amenazados

El dirigente señaló que la medida anunciada contra los profesores ha sido un acuer­do tomado en una asamblea general. “Aquí nosotros no im­ponemos, solamente traemos lo que la asamblea ha dicho. Nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas. Al primer profesor que veamos en nuestras comunidades, lo vamos a ‘sobar’ (golpear) han dicho”, anunció Pérez Oscco.

Asimismo, sostuvo que re­tomarán las movilizaciones y bloqueos en toda la región Apurímac en exigencia de nuevas elecciones generales y el cierre del Congreso. Según el dirigente Delfín Pérez, los representantes de gremios y organizaciones de Apurímac han acordado viajar a Abancay, Arequipa y Lima para continuar con las protestas.

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Enfrentamientos

En el marco del reinicio de las movilizaciones, un grupo de manifestantes se enfrentó a golpes y pedradas contra unos vecinos que expresaron su des­acuerdo con las protestas y las paralizaciones. Este caso llegó hasta la comisaría del sector, donde varios ciudadanos de­nunciaron haber sido heridos.

Vale recordar que, el pasado 12 de febrero, un grupo de personas de la ciudad de An­dahuaylas marchó por las calles exigiendo que respeten el de­recho al trabajo, libre tránsito y respeto a la propiedad privada.

La movilización fue denomi­nada “Marcha por los Derechos” y fue convocada por gremios, empresarios, comerciantes y pobladores de la ciudad quie­nes señalan no estar en contra de las manifestaciones contra del gobierno de Dina Boluarte, pero sí rechazan los actos de violencia y vulneración de sus derechos

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