Tras 14 días de maratónicas sesiones, la audiencia de prisión preventiva contra el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica se aproxima a su fin. El Ministerio Público exhibió este lunes las últimas evidencias antes de cerrar sus alegatos en el caso ‘Los hijos del cóndor’.
Por más de ocho horas, la fiscal anticorrupción Karina Barrientos, expuso las pruebas que incriminan a la consejera Jeymi Flores Quicaña con la presunta organización criminal. Se dio lectura a varios audios transcritos en los que la funcionaria conversa con el resto de implicados sobre la repartición de tierras y pedido de obras. También se leyó el contenido de los chats de ‘Los siete amigos’, donde Flores Quicaño y los otros consejeros concertaban acerca de la posición que adoptarían en el Consejo Regional.
Jeymi Flores, consejera por Caylloma, tuvo una participación activa dentro de la red criminal, afirmó la Fiscalía. Con su voto apoyó las propuestas direccionadas que presentaban sus socios. Asimismo, blindaba los procesos de interpelación que se presentaban contra funcionarios de Cáceres Llica.
Acusación contra consejera por caso ‘Los hijos del cóndor’
“Se iban a almorzar a un restaurante, La Nieves, ubicado en Hunter, utilizando el mismo mecanismo que el gobernador. Se utilizaba el segundo piso, se tapaban las cámaras y en ese almuerzo el objetivo era repartirse las comisiones más fuertes y de mayor trascendencia que pudieran dominar el Consejo Regional”, expresó la magistrada en la audiencia.
La fiscal indicó que la consejera llegó a ocupar la presidencia de la comisión de Energía y Minas, previo acuerdo de los consejeros aliados. Asimismo, aceptó los ofrecimientos que le hizo el gobernador Elmer Cáceres Llica. Entre ellos, recibió 10 mil soles en un sobre manila más una botella de whiski durante un almuerzo en el que estuvieron presentes funcionarios de la región, en setiembre de 2020.
Además, colocó a su hermano, primos, amigos y allegados en diferentes áreas Gobierno Regional de Arequipa. Según conversaciones vía Whastapp entre abril y julio de 2021, la consejera habría ayudado a su hermano José Flores para que labore en Autodema. También le consiguió prácticas a su contacto ‘primo Iván’ (Elard Minaya Surco) en el área de mantenimiento. Igualmente, llegó a colocar en la obra de la carretera Sibayo al señor Noe Quiyuya Vilca. Este le mencionó que había apoyado la campaña del gobernador y ahora pedía trabajo. Así también, su contacto ‘Evelyn 3B Divino Niño‘ ingresa a trabajar en Autodema, tras conversar con el gerente Napoleón Ocsa.
Otras personas que también ingresaron a laborar en obras y proyectos del GRA fueron Emerson Morochara, Edy y José Málaga Suni, José Berdejo, Raúl Quicaña Mata y Jimena Pumachara Maque. La fiscalía concluyó que la consejera tenía facilidades para manejar y colocar personal obviando los filtros de contratación.
Jeimi Flores también contaba con testaferros para poder adueñarse de predios en las asociaciones 4 de Diciembre, Pampas Bayas y Sol Radiante. Entre ellos el administrador de restaurante Iván Benyi Ríos Minaya, cuyos datos figuraban en el padrón de socios de Pampas Bayas y 4 de Diciembre. Los otros intermediarios de la consejera serían Roberth Edwin Begazo Ticona y Jaime Germán Pumachara Puma.
Asimismo, el 3 de junio de 2021, en una reunión con el gobernador y los otros consejeros aliados, conciertan la entrega de obras y la entrega de parcelas en Pampas Bayas. Además, hablan de los supuestos testaferros que se encontraban en las agendas del dirigente de la Asociación Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo. La audiencia se cerró a las 6 de la tarde y continuará este martes desde las 8:30 de la mañana. La defensa de la consejera rebatirá los argumentos de la fiscalía y con ello se cerrarán las deliberaciones del caso ‘ Los hijos del cóndor.
¿Qué seguirá después de la audiencia?
Una vez que el Ministerio Público termine de exponer sus hallazgos y se haya escuchado a los asistentes, el magistrado tendrá que resolver el pedido de 36 meses de prisión preventiva.
El juez José Málaga evaluará si se presentan todos los requisitos para amparar el requerimiento de prisión preventiva. En este caso, los hechos, las razones que justifican el arresto y calificar si existe un peligro de fuga y de obstaculización.
Según el procedimiento penal en delitos de corrupción de funcionarios y criminalidad organizada, el juez se pronunciará dentro de las 72 horas de que se presente el requerimiento. No obstante, la resolución puede ser objeto de apelación.
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