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Fiscalía sobre matanza en Caravelí: Intigold Mining contrató sicarios para matar mineros

Fiscalía sobre matanza en Caravelí: Intigold Mining contrató sicarios para matar mineros
Según Fiscalía, detenidos reconocieron haber sido contratados por empresa minera Intigold Mining para atacar mineros en Caravelí. Foto: El Búho

La investigación por la matanza de 14 personas en la zona minera de Atico, Caravelí, ha tomado una dirección inesperada para la concesionaria Intigold Mining. Este miércoles, la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa ha señalado como responsable de estos hechos violentos a los directivos de la empresa, entre ellos, la gerente general Rossana Calmet Guazotti de Camarero.

Según esta tesis, la propietaria de la empresa minera lideraría una organización criminal, que contrató a personas adiestradas en uso de armas, entre ellos sicarios; el fin, desalojar y tomar el control de su concesión ocupada por mineros artesanales de la asociación Calpa Renace.

“Se habría enquistado en la empresa una organización criminal liderada por Rossana Calmet, quien ordenaría a diferentes personas, dentro de ellas su personal de vigilancia y personal contratado nacional y extranjero, para que realicen actos en contra de la integridad de los mineros artesanales de Calpa Renace”, dijo la magistrada en la audiencia en la que se revisa el pedido de prisión preventiva contra los 31 detenidos aquel día de la matanza (2 de junio).

Los delitos por los que se abrió la investigación son organización criminal, homicidio calificado, uso ilegal de armas, sicariato, lesiones, entre otros. En esta etapa preliminar, se ha solicitado la prisión preventiva de las 31 personas detenidas el día de los sucesos.

Fiscalía muestra pruebas contra minera

“Cuando se enteró la fiscalía de Caravelí del enfrentamiento entre mineros, a las 13 horas del 2 de junio, la policía acababa de descender de la zona de conflicto con el primer grupo de 20 detenidos. A todos los capturaron en el cerro de Huanaquita mientras intentaban huir en dirección al campamento de Intigold Mining”. Así describió la fiscalía los hechos, durante el segundo día de audiencia de prisión preventiva contra los 31 detenidos por el crimen que sacudió Caravelí.

Desde ese momento, las autoridades tomaron conocimiento de que la disputa no era solo entre mineros de Atico Calpa y Calpa Renace como se creía en un inicio; sino que también estaba involucrado el personal de la empresa concesionaria.

Asimismo, el comisario de Caravelí describió en el acta de intervención que al llegar a la zona, encontraron a unos 300 mineros de Calpa Renace. Ellos intentaban recuperar el cuerpo de un herido entre los cerros, mientras los atacaban con armas de largo alcance. Los que disparaban eran personal de seguridad de Intigold y Atico Calpa.

Mientras la policía inspeccionaba el lugar encontraron un saco con municiones y armamento que arrojaron los atacantes. Se hallaron balas de diferente calibre, tanto para arma de guerra como para cañón corto, también cacerines, radios, pistolas semi automáticas, entre otros artefactos.

Ya en la comisaría, los detenidos señalaron que los había contratado la empresa minera para realizar un desalojo. Para ese fin, utilizaron armas de corto y largo alcance. Además, se supo que muchos de ellos provenían de otros lugares como Cañete, Huara, Ica y Lima.

Matanza en Caravelí fue planificada

La Fiscalía ha manifestado que estos hechos guardan similitud con anteriores ataques que la empresa minera a los mineros de Calpa Renace para desalojarlos.

Uno de ellos fue el ataque producido en diciembre de 202o. Entonces se ejecutó con “ferocidad” a dos mineros: Juan Alvaro Coila Caira y Edwin Jhon Ramos Guerrero. El cuerpo de este último fue desaparecido y encontrado dos años después (marzo de 2022), momificado dentro de una cueva. Sus familiares lo reconocieron por las prendas que vestía el día en que fue asesinado. En estos hechos, se denunció la participación de personal de seguridad de la minera que usó armas de fuego para intentar desalojar a los mineros.

En base a la declaración de los detenidos y otras pruebas, la fiscalía ha determinado que la concesionaria contrató a estas personas. Les ofreció pagos de 3 mil a 4 mil soles, con contratos encubiertos como personal de seguridad. Sin embargo, el fin para el cual los contrataron era para matar a los mineros artesanales y expulsarlos de la zona conocida como “Mina Vieja”. Se ubica dentro de la concesión Santiago de Compostela “A”.

“Eran previamente seleccionados. Debían ser personas que conozcan del manejo de armas y que tengan licencia. O sino, debían conocer el uso del arma de fuego”, precisó la fiscal al tiempo de señalar que se les imputa a los detenidos el delito de sicariato y tentativa de sicariato.

Y es que según la imputación fiscal, dos días antes de la masacre, el 30 de mayo, la empresa había contratado a sicarios a través de Juan Gabriel Tejada Alonso, alias Popeye, y Albert Vilcapuma Aragonez, alias “Quaquer”.  En el caso de Tejada Alonso, la fiscalía ha sostenido que tiene contrato laboral con Intigold Mining y ejecutaba los pedidos de la gerenta Rossana Calmet Guazotti de Camarero.

Aquel día, los sicarios habían sido convocados para presentarse en el terminal de la empresa Flores, en Lima, y dirigirse a la ciudad de Arequipa. Para el 1 de junio, ya se encontraban en la ciudad de Atico, Caravelí, y ese mismo día, en horas de la tarde, ascienden a los cerros con armas y chalecos antibalas para atacar a los mineros de Calpa Renace. El ataque se produce desde la noche del 1 de junio hasta la mañana del 2 de junio. La fiscal María Cabana detalló que los detenidos dispararon a los mineros mientras huían y producto de los disparos es que se produce la muerte de las 14 personas.

Para sustentar esta hipótesis, la fiscalía presentó los resultados de la absorción atómica que se practicó a los 31 detenidos, siendo que a los 20 detenidos en el cerro Huanaquita dieron positivo para plomo. Asimismo, la mayoría no portaba licencia para uso de arma de fuego.

Mientras la fiscalía exponía los hechos y principales pruebas recogidas en la investigación, varios de los detenidos alzaron sus voces en la sala negándolo todo. En tanto, sus abogados esperan su turno para refutar la imputación que podría llevar a sus defendidos a prisión preventiva por 18 meses. Entre tanto, hasta ahora el abogado legal de la empresa minera, Frank Melo, ha negado cualquier participación en estos violentos actos y, por el contrario, han señalado sufrir la invasión en una de sus concesiones.

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