El fiscal superior Helder Uriel Terán Dianderas, actualmente destacado en la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada Transitoria e Itinerante de Camaná (Arequipa), vuelve a estar en medio de una controversia judicial. El juez supremo de investigación preparatoria, Saúl Peña Farfán, declaró fundada una cuestión previa presentada por la defensa de Terán y ordenó anular la investigación preparatoria que se le seguía por el presunto delito de cohecho pasivo específico.
Terán fue nombrado en agosto de 2022 como fiscal supremo provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Esto, por disposición de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hoy suspendida. Durante su gestión en Lima, en febrero de 2023, solicitó al Poder Judicial archivar la investigación contra Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación. Acusada de recibir sobornos a cambio de liberar a procesados por narcotráfico.
Esta decisión generó gran controversia. En mayo de 2024, el Ministerio Público inició la investigación preparatoria contra Terán, señalándolo de haber aceptado favorecer a Enma Benavides para que Patricia Benavides lo mantuviera como fiscal supremo provisional. Parte del sustento de esta hipótesis fiscal se basaba en la decisión de Terán de cerrar la investigación preparatoria, pese a que aún estaban pendientes diligencias importantes, como la declaración del narcotraficante Roberto Carlos Gómez Herrera, tramitada vía cooperación internacional con Brasil, y el levantamiento del secreto bancario.
A mediados de mayo de este 2025, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra Uriel Terán por el delito de cohecho pasivo específico.
Sin embargo, el juez Peña Farfán aceptó el argumento presentado por Terán, quien sostiene que debió solicitarse el levantamiento de su antejuicio político ante el Congreso. Esto, debido a que se desempeñó como fiscal supremo, aunque en calidad de provisional.
Criterios
Según el medio Infobae, la Fiscalía rechaza esta interpretación. Desde 2006, el Congreso ha declarado improcedentes las denuncias constitucionales contra fiscales supremos provisionales. Ya que estos no gozan de antejuicio político al no ser magistrados titulares. Incluso, una opinión consultiva emitida por la Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 reafirma este criterio.
Sin embargo, el juez Peña se ampara en pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Consideran el antejuicio como una prerrogativa extensiva a los provisionales. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales provisionales gozan de los mismos derechos y deberes que los titulares. Por ello, el juez supremo provisional declaró fundada la cuestión previa de Uriel Terán, anulando lo actuado en investigación preparatoria. Y ordenó que primero se cumpla con pedir el levantamiento del antejuicio al Congreso para continuar el proceso penal.
La decisión no es firme y ha sido apelada por el Ministerio Público. Ahora, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá revisar la resolución. En esta instancia se decidirá si se ratifica la anulación de la investigación o si se admite que el proceso penal continúe sin la necesidad de levantar el antejuicio.
Mientras tanto, Terán continúa ejerciendo funciones en la región Arequipa, específicamente en la provincia de Camaná, tras regresar de Lima en diciembre de 2023.
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