Poder Judicial inicia etapa de control sobre requerimiento fiscal que acusa a la lideresa fujimorista por lavado de activos y falsedad en financiamiento de campañas por caso «Cócteles» el 2 de julio.
El Ministerio Público acusa a la lideresa de Fuerza Popular y 14 personas por presunto lavado de activos agravado y falsedad en el financiamiento de campañas electorales de 2011 y 2016. El juez Verastegui remitió el caso a etapa intermedia, exigiendo al fiscal ajustarse a los lineamientos del Tribunal Constitucional para validar el proceso.
La acusación fiscal
El fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó el 2 de julio su nuevo requerimiento acusatorio contra Keiko Fujimori y otros 14 investigados. Solicitó 35 años de prisión para la excandidata presidencial por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal. También incluyó falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
La acusación abarca a figuras clave de Fuerza Popular como Pier Figari, Ana Rosa Herz y Jaime Yoshiyama. Además, menciona a empresas como MVV Bienes Raíces S.A.C. El fiscal pidió el sobreseimiento de 19 personas investigadas previamente.
La decisión judicial
El juez Wilson Verastegui dispuso que el caso regrese a la «etapa intermedia» o fase de control. Ordenó esta revisión para determinar si la acusación cumple con los requisitos para avanzar a juicio oral. Su resolución exige al fiscal observar «escrupulosamente» lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 21 de noviembre de 2024.
Verastegui advirtió que omitir este paso podría generar nulidades posteriores. El objetivo es garantizar que el nuevo requerimiento se ajuste a los criterios jurídicos establecidos tras anularse el primer juicio en enero de 2025.
Los delitos y el contexto
El caso «Cócteles» investiga presuntos aportes ilegales a las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016. Según la fiscalía, se realizaron eventos de recaudación disfrazados como «cócteles» con entradas de hasta 500 dólares. Estos fondos, incluyendo dinero de Odebrecht, habrían sido ocultados mediante facturas falsas.
El Ministerio Público sostiene que el esquema involucró a la cúpula de Fuerza Popular. Los delitos imputados afectarían al Estado peruano por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos en procesos electorales.
Próximos pasos
Durante la etapa de control, el juez analizará la solidez de la acusación. Deberá verificar si existen pruebas suficientes para llevar a Fujimori y los demás imputados a juicio oral. Este proceso incluye evaluar la adhesión a los estándares fijados por el Tribunal Constitucional.
Si la revisión es favorable, se programará un nuevo juicio. De lo contrario, la fiscalía deberá corregir los vacíos detectados. El caso mantiene en vilo al sistema político peruano, con implicaciones para la rendición de cuentas de elites económicas y partidos tradicionales.
La resolución judicial refleja la complejidad de un caso que ha enfrentado obstáculos procesales durante cinco años. Mientras Fujimori enfrenta la pena más alta solicitada para un líder político en Perú, el Poder Judicial demuestra cautela ante un proceso marcado por impugnaciones y nulidades.