Magistrado Mosqueira Cornejo con voto disidente indicó que se están vulnerando los derechos fundamentales de Cerrón Rojas.
Líder fundador de Perú Libre lleva 15 meses en la clandestinidad debido a la persecución injusta que sufre.
Lawfare: Poder Judicial confirma en mayoría prisión preventiva de 24 meses contra el líder socialista.
El Poder Judicial confirmó por mayoría que Vladimir Cerrón continúe con orden de captura y prisión preventiva por 24 meses. El líder de Perú Libre es investigado por presunto lavado de activos vinculado a aportes a su partido político. Sin embargo, la decisión no fue unánime y evidenció serias fisuras en los argumentos jurídicos utilizados para mantener la medida restrictiva.
VOTO DISIDENTE
EXPONE DEBILIDADES
DEL PROCESO
El magistrado titular que votó en minoría cuestionó duramente los fundamentos de la prisión preventiva. En su voto disidente, el juez Mosqueira Cornejo señaló que la decisión carece de solidez jurídica y viola principios fundamentales del debido proceso.
El magistrado argumentó que “cuando una persona condenada y/o requisitoriada no se presenta ante las autoridades a fin de cumplir la condena impuesta no comete un nuevo delito, tampoco comete una falta”. Esta interpretación se basa en el artículo 368 del Código Penal, que establece excepciones claras para casos de resistencia a la autoridad.
Según el voto disidente, el simple hecho de no presentarse voluntariamente ante las autoridades constituye “la actitud natural de cualquier persona ante una situación de peligro”.
El juez consideró que esta conducta no puede interpretarse como un acto de rebeldía judicial o como evidencia de intención de eludir la justicia.
CERRÓN DENUNCIA
PERSECUCIÓN POLÍTICA
Vladimir Cerrón respondió a la decisión judicial a través de sus redes
sociales, donde denunció lo que considera una persecución política sistemática. “No cabe duda que el voto en discordia del juez Mosqueira Cornejo [magistrado titular que obra con autonomía], sustentando mi libertad, es bastante sólido, objetivo y garantista”, escribió el líder de Perú Libre.
El dirigente político añadió que “con este voto disidente, aún en minoría, uno puede sostener la existencia de un mínimo de decoro en un PJ cuestionado”. Cerrón anunció que interpondrá un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la medida restrictiva.
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS
CUESTIONADOS
El voto disidente reveló importantes inconsistencias en la argumentación de la mayoría. El magistrado Mosqueira Cornejo explicó que la resistencia a la autoridad, tipificada en el artículo 368
del Código Penal, establece una excepción fundamental: “salvo que se trate de la propia detención será reprimido con pena privativa de
la libertad”.
Esta distinción legal resulta crucial para el caso. El juez argumentó que la conducta de Cerrón no configura el delito de resistencia a la autoridad, ya que no se presentó violencia activa contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
EVENTOS POSTERIORES
MODIFICAN EL
PANORAMA
El voto disidente también destacó hechos sobrevinientes que deberían haber modificado la evaluación del caso. “Ahora se han presentado dos hechos sobrevinientes”, señaló el magistrado, refiriéndose a decisiones judiciales posteriores que favorecieron
a Cerrón.
El Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia condenatoria contra Cerrón en el proceso de habeas corpus relacionado con el caso “La Oroya” el 3 de diciembre de 2024. Posteriormente,
el 26 de marzo de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió de todo cargo penal al dirigente en el caso “Aeródromo Huanca”. Estos desarrollos jurídicos, según el voto disidente, “califican como eventos nuevos que suponen necesariamente la reevaluación de una prisión preventiva”. El magistrado consideró que estos cambios en el panorama legal
debieron motivar una reconsideración de la medida restrictiva.
PATRÓN DE LAWFARE
SE CONSOLIDA
La decisión judicial se inscribe en lo que diversos analistas han identificado como un patrón sistemático de lawfare contra líderes políticos de izquierda en el país. La combinación de procesos judiciales cuestionables, medidas restrictivas desproporcionadas y decisiones divididas en instancias superiores evidencia la politización del sistema de justicia.
El caso Cerrón muestra cómo se utilizan herramientas jurídicas para neutralizar políticamente a dirigentes incómodos para el establishment. La existencia de un voto disidente fundamentado revela que incluso dentro del propio Poder Judicial existen cuestionamientos serios sobre la legalidad de estas medidas.
La confirmación de la orden de captura mantiene a Cerrón en la clandestinidad, imposibilitando su participación en la actividad política legal. Esta situación beneficia directamente a sectores que buscan debilitar a Perú Libre y limitar opciones políticas alternativas en el país.