La Policía viene investigando a mafias de traficantes de terrenos que están operando en Chancay, aprovechando el boom en el norte chico de Lima por el Mega Puerto. Para ello no tienen reparos en despojar de sus propiedades a los legítimos dueños, creando asociaciones de fachada, generando falsas reuniones de comuneros, falsas cesiones de terrenos, invasiones organizadas, ventas ilegales y un aparato legal y fiscal que parece hecho para protegerlos. En estas disputas ya han muerto dos personas, según informó Infobae Perú.
Uno de los casos que viene siendo investigado por la policía es el de la Comunidad Campesina de Sayán, cuyo presidente Julio César Carlos Calderón habría transferido terrenos de los copropietarios a la comunidad de Huacho y la comunidad campesina lomera de Huaral, lo que es ilegal debido a que están en un proceso judicial para determinar la delimitación del área que le tocaría a cada comunidad. Es un proceso civil que se encuentra en el Poder Judicial en Huacho, Expediente 01379-2006-0.
El domingo 8 de junio de 2025, Carlos Calderón convocó y presidió una asamblea general extraordinaria donde adjudicó terrenos en litigio y se trataron tres puntos claves:
1. Autorizar la compraventa de acciones y derechos sobre la totalidad de un predio inscrito en la Partida Electrónica N.° 08005504 del Registro de Predios de Huacho.
2. Aprobar adjudicaciones gratuitas sobre ese mismo predio.
3. Designar representantes para firmar las escrituras públicas, incluyendo facultades para rectificar, aclarar o adicionar lo que sea necesario.
Esto con el propósito de vender la totalidad de acciones y derechos de la copropiedad de 60848 hectáreas que se tienen que repartir las tres comunidades (Sayán, Huacho y Lomera de Huaral). De esta forma actúan al margen de la ley, dado que no se ha determinado qué territorio le corresponde a cada comunidad.
La Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656) precisa que la libre disposición está delimitada y establece que solamente se vende mediante acuerdo aprobado por Ley fundada en el interés de la Comunidad, lo cual no ha existido y tampoco se acredita el interés de la Comunidad en estas ventas. No se trata solo de recabar dinero, sino que ese dinero repercuta en la explotación de los fines comunitarios.
El señor Carlos Calderón tiene al menos 5 denuncias en las fiscalías, entre ellas por organización criminal. Además, la comunidad de Sayán está inmersa en varias denuncias penales por usurpación, falsificación, secuestro y coacción.
Estas operaciones fraudulentas ya han tenido víctimas, como es el caso de Fausto Bustamante Maslucán ex reo del Penal de Carquín (asesinado el 4 de marzo de 2024) cuya investigación se encuentra entrampada en la Divincri Huacho; y Luis Verdi Marcos (asesinado el 29 de abril de 2024),ambos relacionados con compras de terreno de las Comunidades Campesinas de Sayán y Huacho.
El Fiscal de Crimen Organizado y Lavado de Activos está pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera de Lima que analice el movimiento económico de los denunciados, sus familiares y abogados, pero a la vez estaría solicitando el levantamiento del secreto bancario de estas personas.

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