El Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre el Reinfo, aunque expertos advierten que la medida favorece la impunidad de la minería ilegal.
El Gobierno oficializó este domingo la prórroga del proceso de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida se concretó mediante el decreto supremo Nº 012-2025-EM, publicado en el diario oficial El Peruano, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. La nueva fecha reemplaza al cronograma original que vencía el 30 de junio.
El Reinfo fue creado como un mecanismo temporal para que miles de pequeños mineros y mineros artesanales pasen a la legalidad. Sin embargo, esta es la cuarta vez que se amplía su vigencia, a pesar de que diversas voces lo han señalado como un instrumento que facilita el encubrimiento de la minería ilegal.
¿A quiénes alcanza esta nueva prórroga?
La norma ampara a personas naturales o jurídicas con inscripción vigente en el Reinfo, así como a quienes tienen su inscripción suspendida por un periodo menor o igual a un año hasta el 30 de junio de 2025. Para los demás, el proceso culminará de forma definitiva en esa fecha.
Según el decreto, esta ampliación será única, tal como lo permite la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 32213, que otorga al Ministerio de Energía y Minas la rectoría sobre el proceso de formalización. A cambio de la prórroga, el Minem promete controles más estrictos. Podrá excluir del registro a quienes operen en zonas no declaradas, realicen cesiones irregulares o incumplan los requisitos establecidos en la normativa.
Estas exclusiones están sustentadas en el Decreto Legislativo Nº 1336, el Decreto Supremo Nº 018-2017-EM y el Decreto Supremo Nº 001-2020-EM. Estas normas establecen hasta 15 causales de expulsión del Reinfo, desde la actividad fuera del área permitida hasta el uso de inscripciones para beneficiar a terceros no registrados.
Reinfo: Críticas por impunidad y falta de control
El abogado ambientalista César Ipenza criticó que el decreto no incluya ninguna disposición sobre la responsabilidad penal de los mineros inscritos en el Reinfo. En abril de este año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el expediente 00017-2023-PI/TC que ordena al Estado abstenerse de aprobar normas que eximan de responsabilidades penales, civiles o administrativas a quienes están en proceso de formalización.
Ipenza advirtió que esta prórroga “termina convirtiéndose en un nuevo periodo para operar en la impunidad”, y consideró que “aunque se habla de depurar el Reinfo, en la práctica esto resulta poco creíble”.
Según el especialista, la minería ilegal sigue creciendo. Además, muchos fiscales tienen limitaciones para procesar penalmente a quienes cometen delitos ambientales si están inscritos en el Reinfo. La nueva ampliación solo les facilita el camino, mientras el Poder Ejecutivo no implementa lo que ordenó el Tribunal Constitucional.