MIEMBRO DE LA JNJ también es acusado ante el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito y apropiación de un edificio
El actual integrante de la Junta Nacional de Justicia, Francisco Távara Córdova, erigido como el supuesto abanderado de la moralidad al defender a la rebelde fiscal suprema Delia Espinoza, enfrenta nuevamente serias
acusaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Estas denuncias presentadas ante el Ministerio Público dejan en tela de juicio la integridad de quienes han ocupado altos cargos en el sistema de justicia del país y pretenden mostrarse como paladines de la decencia y la honorabilidad.
Las sospechas en torno a Távara se intensificaron tras reportes que indicaban
que habría ganado en dos ocasiones el premio mayor de la lotería La Tinka,
obteniendo sumas millonarias. Este hecho inusual levantó sospechas sobre la
legitimidad de su fortuna y posibles maniobras para encubrir ingresos de procedencia dudosa.
De acuerdo la denuncia, que corresponde a la carpeta fiscal n.° 344-2024, presentada por el ciudadano Humberto Rodríguez Cerna, también se le acusa al exjuez supremo de pretender despojarlo de un inmueble de cinco pisos
valorizado en un millón y medio de dólares, ubicado en la ciudad de Trujillo. Para ello, precisa el documento, contaría con la complicidad de Javier Berrú Vargas, presunto testaferro del denunciado.
Estas denuncias ante diversas instituciones judiciales han puesto en tela de juicio la reputación de Távara Córdova, quien ha ocupado cargos de relevancia, incluyendo la presidencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en el periodo 2007-2008, y la jefatura de la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA) entre 2002 y 2006.
Al parecer, el veterano ex notario, de 74 años, próximo a retirarse de la Junta Nacional de Justicia, cuando cumpla 75 años en el 2026, no deja de lado los cuestionamientos y dudas sobre su integridad.
La comunidad jurídica y la sociedad en general exigen una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca estas acusaciones y determine las responsabilidades correspondientes. La integridad del sistema judicial peruano depende de la probidad de sus miembros, y casos como este resaltan la necesidad de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
Es imperativo que las autoridades competentes, como la Junta Nacional de
Justicia, que cuenta con nuevos integrantes, actúen con diligencia para garantizar que la justicia prevalezca y se mantenga la confianza pública en las
instituciones encargadas de impartirla.
LLUVIA DE CRÍTICAS
CONTRA TÁVARA
La intervención de Francisco Távara frente a la Junta Nacional de Justicia en el caso mereció la crítica del constitucionalista Dino Caro. “Desde hace más de
40 años surgió el debate sobre el deber de garante de los miembros de órganos colegiados, un directorio, por ejemplo. Este es el caso tipo: se somete a votación de 7 directores una decisión que gatilla la comisión de un delito, verbigracia, incorporar información falsa en la contabilidad para simular solvencia patrimonial. 4 directores votan a favor, 1 renuncia y 2 votan en contra.
Por años el debate se concentró en la punición o no del que renunció y
los que votaron en contra. Aunque el sentido común señale que “salvar el voto” renunciando o contrariando la decisión es suficiente, la respuesta penal es la contraria. El deber de garante no se agota inclusocon el voto en contra, el director debe hacer todo lo necesario para evitar la comisión de un delito por parte del ente corporativo, ello implica votar en contra y alertar o denunciar los hechos ante los entes de control interno y externo de la organización (Ministerio Público, de ser el caso),sólo de ese modo se agota el
deber de garante. Con Távara sucede lo mismo, si él consideraba que la JNJ no debió avocarse al caso de Patricia Benavides, no debió rehuir o evitar la audiencia de 6.6.25 (se inhibió mediante carta de esa fecha) donde se discutió la “nulidad de oficio” de su destitución, tampoco debió esperar a que dicho pedido se resuelva para recién “protestar”, su deber de garante no se agota recurriendo ahora a los medios para dar su versión y “denunciar el caso”.
“Bajo sus convicciones e interpretaciones de la ley y las competencias de la JNJ, Távara debió: a) intervenir en la audiencia y tratar de evitar su instalación, b) expresar los argumentos encontra durante la deliberación, c) votar conformea ello y. de ser el caso, d) denunciar los hechos ante
el Ministerio Público o ante el Congreso de la República. Sólo de ese modo
pudo satisfacer el deber de garante que lo vincula como miembro de la JNJ”,
sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Junta Nacionalde Justicia, Gino Ríos Patio,
desmintió las declaraciones del magistrado Francisco Távara, quien denunció haber sido objeto de “reglaje” por parte de la alta dirección del organismo y
cuestionó la legalidad de la resolución que restituyó a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.
A través de un pronunciamiento, el máximo órgano de la Judicatura rechazó las acusaciones de uno de sus miembros y afirmó que “ni la Presidencia ni
la Vicepresidencia tienen competencia alguna en la designación del personal auxiliar asignado a los miembros del Pleno”, como asesores o choferes.
“Tales decisiones corresponden exclusivamente al propio miembro y a las áreas administrativas responsables”, señaló.