La dictadura de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, dispuso suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y expulsar del país a su personal, a quienes se les dio un plazo máximo de 72 horas para abandonar el país.
El canciller venezolano, Yván Gil acusó a la oficina de la ONU de tener una actitud colonialista y anunció “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento [firmada en 2019] (...) hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
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La respuesta de la dictadura se da luego de que se denunciara el arresto arbitrario de la abogada Rocío San Miguel, a quien el régimen acusó de integrar un complot para atentar contra Maduro. La activista fue detenida el viernes en el aeropuerto de Caracas, cuando iba a viajar a Miami con su hija. Tras ello, familiares y colegas de San Miguel denunciaron la desaparición.
Ante ello, el martes, el alto comisionado para los DD. HH de la ONU, Volker Türk, aseguró que el paradero de San Miguel era desconocido y que se podía hablar de una “desaparición forzada”. Esta declaración fue la que habría generado que la dictadura tome la decisión de expulsar a la oficina del organismo internacional de Venezuela.
Paradero identificado
La oficina de Derechos Humanos de la ONU, anunció esta tarde, a través de su cuenta de X, que el lugar de detención de San Miguel había sido identificado y que cuatro familiares de la abogada fueron liberados.
#Venezuela: Following statements by the authorities, we note that Rocio San Miguel's place of detention - thus her whereabouts - has been confirmed & 4 relatives have been conditionally released. Due process guarantees, including right to defence, must be respected.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 15, 2024
“Tras las declaraciones de las autoridades, tomamos nota que el lugar de detención de Rocío San Miguel - y por ende su paradero - ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad condicional. Deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”, indica la publicación.
Por su parte, el fiscal general, William Saab, rechazó que se trate de un caso de desaparición forzada y señaló que existe una orden de arresto contra la abogada desde enero. Asimismo, señaló que el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas determinó que la abogada sea recluida en la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN),denominada Helicoide, que ha sido denunciada por diversas organizaciones como el centro de tortura más grande de Latinoamérica y donde retienen a opositores al régimen de Nicolas Maduro.
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