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En el argot teatral se utilizan ciertas expresiones como el primer, segundo y tercer llamado antes del inicio de una obra, los dos primeros son para advertir a los asistentes que en breve comenzará la función y deben ocupar sus asientos, así como silenciar sus equipos telefónicos, y el tercero y último, que se apagarán las luces y se iniciará el espectáculo. Estas expresiones las traigo a colación a manera de símil en el peliagudo caso de los relojes de uso de la jefa del Estado Dina Boluarte que se encuentra en la etapa de investigación preliminar a cargo de la Fiscalía de la Nación. La estrategia comunicacional al parecer adoptada en forma cerrada por el Gobierno, es que la mandataria daría las satisfacciones que correspondan en el fuero del Ministerio Público y que la opinión pública no debe enfocarse exclusivamente en este tema, porque esto desencadena ruido político que no es favorable para el crecimiento económico. Luego entonces ¿por qué dilatar su actuación en las diligencias dispuestas por la Fiscalía?, ¿no ha entendido el Ejecutivo el sentido de urgencia del esclarecimiento de los hechos imputados?

Todo ciudadano tiene el deber de colaborar con la acción de la justicia máxime el presidente de la República, que personifica la Nación, el ejemplo debe empezar por la más alta magistratura. Ayer causó gran impacto lo manifestado por el Ministerio Público en el seno del Congreso, que no se había podido realizar diligencias programadas en la fecha, que eran de conocimiento de la parte investigada habiendo concurrido a su domicilio como a Palacio de Gobierno, esto último, en razón de haber sido direccionados por un efectivo policial de que serían recibidos ahí, situación que no ocurrió. Así las cosas, se generó una estela de alargar las investigaciones, aunque horas después se conoció que la defensa técnica de la presidenta Boluarte, el mismo día de la primera de las dos diligencias, había solicitado su reprogramación hasta después de dos semanas por razón de su agenda, sin embargo, el común de los ciudadanos desconocemos si se dio cuenta detallada de dicha agenda y de lo imprescindible de su participación en estas, al punto que no podían ser delegadas al premier o a cualquiera de sus ministros. De haberse omitido dicho detalle se explicaría la dura reacción del fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, ante el pedido de la reprogramación, considerándola como de “rebeldía”. Es claro que cualquier situación sobreviniente que no le permita a alguien atender una citación de los operadores de justicia, puede ser invocada para solicitar nueva citación, pero esta debe ser justificable, contrastable, salvo que estemos hablando de un tema de salud o de un hecho fortuito, que no parece serlo por aquello de pedir reprogramación en quince días. Si estuviéramos en el teatro diríamos que esta es la tercera llamada para la mandataria.

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