La Contraloría General de la República emitió un comunicado para rechazar el Decreto de Urgencia 006-2024 dictado por el Poder Ejecutivo. Según el organismo, esta norma afecta su autonomía constitucional y limita la fiscalización en el marco de la lucha contra la corrupción.
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“El artículo 14 del Decreto de Urgencia, además de distorsionar por completo la finalidad de la ley 31358 y sus modificatorias, pretende dictar a la Contraloría General cuáles son los actos que deben y no deben ser materia del control concurrente, modelo que precisamente emite las alertas de presuntos actos de corrupción, contraviniendo lo aprobado por el Congreso de la República”, se lee en el documento.
La Contraloría recordó que solo en el 2023, se emitieron y publicaron más de 12 mil alertas de posibles hechos de corrupción e inconducta funcional y, adicionalmente, en el mismo período la Contraloría General señaló la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de más de 9300 mil funcionarios y servidores públicos, de los cuales más de 2900 corresponden al Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el organismo hizo un llamado a Gobierno a analizar las consecuencias de esta norma ya que podría afectar la fiscalización a las autoridades y entidades públicas de todo el país.
“Llamamos al Poder Ejecutivo a analizar las consecuencias de dicha norma en la lucha contra la corrupción, e invocamos al Poder Legislativo, en el marco de sus competencias, asegure la continuidad de este control especializado que previene perjuicios al Estado en las inversiones públicas en los tres niveles de gobierno”, finaliza.
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