La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, demandó al Poder Ejecutivo los recursos correspondientes para implementar las unidades de flagrancia a nivel nacional a fin de combatir mejor la delincuencia.


“Con la Unidad de Flagrancia en Trujillo, solo hemos dado un primer paso, pero no es solo tarea del Poder Judicial. Es una gran oportunidad para el Ejecutivo asignar los recursos para implementar esta iniciativa en los distritos judiciales donde hay altos índices de criminalidad. Ello está en sus manos, Presidente”, afirmó durante la inauguración de la primera Unidad de Flagrancia en La Libertad.

La Unidad de Flagrancia, que congrega al Poder Judicial, Fiscalía, Policía y Defensa Pública, y aplicará el proceso inmediato en casos de flagrancia, se instaló en el Centro Integrado de Servicio de Administración de Justicia (Cisaj),ubicado en el distrito de El Porvenir, Trujillo, ciudad que cuenta con altos índices de delincuencia, después de Lima.

“Aquí estamos los jueces y juezas para desterrar la percepción ciudadana de inacción frente a la delincuencia, porque tenemos el compromiso de contribuir a la gobernabilidad y a la construcción de una sociedad de paz”, indicó.

Añadió que iniciativas como la Unidad de Flagrancia, con la expectativa de enfrentar la inseguridad e implantar un estado de bienestar, requieren el establecimiento de políticas públicas coherentes, la articulación de los entes del sistema de justicia, dejando de lado confrontaciones entre las instituciones.

“Cuando las confrontaciones y los protagonismos se dejan de lado realmente, podemos poner en el centro el objetivo común: el bienestar de la ciudadanía y con ello avizorar nuevas formas de trabajo conjunto que coadyuven a un servicio de justicia con valor público”, señaló.

Compromiso

Tras el pedido, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se comprometió públicamente a apoyar económicamente a la creación de estas unidades a nivel nacional, al considerar este proyecto como “un paso fundamental a favor de la justicia y de la seguridad de la población”.

“La delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrentamos y el Estado no puede escatimar ningún esfuerzo y debe dar los recursos necesarios para dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”, expresó el mandatario.
La mejor tecnología y seguimiento

El presidente de la Corte de la Libertad, Giammpol Taboada Pilco, explicó que la Unidad de Flagrancia permitirá que luego que la Policía ponga a disposición, en un plazo de 48 horas, al detenido/a por delito común, el juez de investigación preparatoria definirá en audiencia la situación procesal del investigado en 72 horas.

Para ese objetivo, el Poder Judicial con recursos propios, indicó, proveyó a la referida Unidad la mejor tecnología del Perú, igual a la de otros países, que facilita la interconexión de los operadores de justicia como el acceso y seguimiento en tiempo real de los detenidos por la Policía, a cuántos les dan libertad y cuántos son  sentenciados.  

Mejora de remuneraciones

En otro momento, la titular del Poder Judicial reiteró que para avanzar en la tarea de brindar un servicio de justicia de calidad, se necesitan recursos para atender también las necesidades de más de 33 mil trabajadores, sobre todo de quienes ganan S/1,100 mensuales.

“Es difícil conseguir identificación institucional cuando los trabajadores y sus familias no tienen los medios necesarios para llevar una vida digna. Y ahí la necesidad de atender estos requerimientos planteados ante el Ministerio de Economía”, señaló.

“Los trabajadores judiciales están pendientes de una respuesta a sus justas expectativas. Evitemos una huelga generalizada que impactará en el servicio que brindamos al ciudadano”, añadió.

Participaron también en este acto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, como altas autoridades de la Policía, Fiscalía; asimismo, miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, congresistas de la República como representantes de entidades liberteñas.

(FIN) NDP/GDS/RMCH

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Publicado: 1/7/2022
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