Desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año se han realizado 422 operativos de interdicción contra la minería ilegal a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en las diferentes regiones del país. De esta forma, el Gobierno nacional redobla esfuerzos para erradicar dicha actividad delictiva.
“La minería ilegal y el crimen organizado ligado a esa actividad ilícita representan un problema grave porque atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la población, dificultan las actividades económicas formales y afectan el medio ambiente y a la economía nacional. Por eso, el Ejecutivo está decidido a ponerle punto final y está desplegando múltiples acciones en ese sentido”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
“Reafirmo el compromiso del Gobierno nacional para continuar el combate frontal a la minería ilegal y sus delitos conexos”, agregó.
El jefe del Gabinete Ministerial destacó que la lucha contra este flagelo se ejecuta con un enfoque integral y multisectorial, con especial énfasis en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, donde opera el Comando Unificado, integrado por militares y policías, que actúa con inteligencia operativa y que ha mostrado resultados concretos.
Impulso a la formalización
Por su parte, el alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, sostuvo que los avances en la lucha contra esta actividad ilícita se enmarcan en una nueva estrategia nacional que va más allá de las acciones punitivas, como las operaciones de interdicción, y abarca también esfuerzos coordinados multisectoriales para impulsar la formalización minera, la recuperación ambiental y las económicas sostenibles para las comunidades afectadas.
“El problema de la minería ilegal no es solo económico; es un fenómeno que impacta política, social y económicamente, e incluso en términos de seguridad. Se trata de crimen organizado”, señaló García Esquerre, quien resaltó que la nueva estrategia tiene un enfoque integral, para lo cual se coordina con diversos sectores del Estado, a fin de asegurar que todas las intervenciones tengan impacto real y sostenido.
Control en Pataz
En Pataz, el Comando Unificado realiza acciones de control territorial, intervenciones e interdicciones, mediante un trabajo de inteligencia y bloqueo logístico. Por disposición del Gobierno nacional, el 8 de junio se reanudaron las operaciones de la minería formal. En esa línea y a fin de garantizar la seguridad de la actividad económica formal, las fuerzas del orden realizan operaciones de estricto control en las zonas de Calquiche, Shicun y Pamparacra.
En esos puntos, las fuerzas del orden, junto con personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec),frenan el transporte de armas, explosivos, insumos, material aurífero, maquinarias y otros artículos ilícitos ligados al crimen y a la minería ilegal. Para ello la tecnología de trazabilidad cumple un rol fundamental.
Este despliegue territorial busca romper la cadena de financiamiento y operación de las organizaciones delictivas ligadas a la minería ilegal que actúan en la provincia liberteña. Todas las acciones contra la minería ilegal se ejecutan en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, del Ministerio Público.
La reciente exclusión de 1425 inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —que se encontraban suspendidas—, más las acciones de las fuerzas del orden están permitiendo neutralizar las rutas logísticas que sostienen a la minería ilegal en Pataz.
"La exclusión de los registros suspendidos del Reinfo permitirá diferenciar claramente entre minería ilegal y minería informal. Esto ayudará a identificar a los mineros ilegales que se valen de este registro para trasladar material como si estuvieran autorizados", explicó el alto comisionado García Esquerre.
A todo ello se suma el proceso de diálogo con las autoridades locales y principales actores políticos, económicos y sociales de la jurisdicción, en el marco de la Mesa de Desarrollo Integral de la provincia de Pataz, impulsada por el Ejecutivo.
(FIN) NDP/RMCH/CVC
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Publicado: 11/6/2025