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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el proyecto de ley que impide contratar con el Estado a las personas jurídicas o empresas cuyos representantes legales o personas vinculadas que son condenadas, en el país o el extranjero, en primera instancia por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, cobro indebido, malversación, entre otros.